Trabajo

Reiniciar el capitalismo en Brasil, la meta del nuevo gobierno

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Abolir el Ministerio del Trabajo, una de las decisiones anunciadas por el presidente electo, el ultraderechista Jair Bolsonaro, explicita los rumbos de su gobierno en el intento de ajustar Brasil a las tendencias actuales del capitalismo, aun con propuestas regresivas.

Refleja la devaluación del trabajo por tecnologías que eliminan trabajadores o los atomizan, tanto en la industria como en la agricultura en todo el mundo, y que se acentuó con la llamada cuarta revolución industrial, además de la globalización comercial.

En la formación del nuevo gobierno brasileño, que se pretende tenga entre 15 y 17 ministros, contra los 29 actuales, lo más fácil es sacrificar el del Trabajo.

Bolsonaro ya tuvo que retroceder en la anunciada extinción del Ministerio de Medio Ambiente, cuyas funciones serian incorporadas a la cartera de Agricultura.

Se rindió a las presiones de ambientalistas y principalmente de las grandes empresas agrícolas, temerosas de perder exportaciones, ante la reacción de mercados que rechazan productos vinculados, por ejemplo, a la deforestación.

La fuerza creciente que tienen temas ambientales, en contraste con los laborales y sindicales, forzó también otra marcha atrás. Brasil no dejará el Acuerdo de París sobre cambio climático suscrito en 2015, prometió Bolsonaro, días después de amenazar con la salida, como ya hizo el presidente estadounidense Donald Trump.

La composición del gobierno que tomará posesión el 1 de enero avanza por un camino de anuncios encontrados, desnudando la acción improvisada de protagonistas que no tienen experiencia anterior en la gestión pública, como el mismo Bolsonaro y el designado como superministro de Economía, Paulo Guedes.

Se trata también de aclarar orientaciones y políticas que no fueron debatidas durante la campaña electoral, en que predominaron ataques personales, en busca de la llamada “desconstrucción” del adversario.

Bolsonaro, cuya historia de agresividad alimentó brotes de violencia por parte de sus adeptos y el miedo a que la democracia esté amenazada, moderó su discurso tras su triunfo en los comicios del 28 de octubre, prometiendo cumplir la Constitución como “único norte” y “gobernar para todos”.

Ese proceso de idas y venidas matizó la euforia del mercado financiero, ante el ascenso de la extrema derecha y permite vislumbrar que corrientes asumen de hecho el poder en la coalición informal, diversa y a veces contradictoria que sustenta a Bolsonaro.

se trata de una amalgama de grupos militares, religiosos, empresarios, el llamado agronegocio y las clases medias.

Privatizar todo lo que sea posible, reducir el tamaño del Estado, liberar las empresas de trabas tributarias, ambientales y del derecho laboral son las políticas anunciadas por Guedes, economista posgraduado en la Universidad Chicago donde adhirió a la corriente “monetarista” de Milton Friedman (1912-2006), inspirador del llamado neoliberalismo.

El rechazo a esa política económica, parcialmente adoptada en los años 90, había sido decisivo en las elecciones presidenciales de 2002 a 2014, cuando triunfaron candidatos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), estatistas y duros críticos del neoliberalismo.

La popularidad del PT, basada en programas sociales y desarrollistas, se derrumbó ante los escándalos de corrupción que llevaron a la cárcel varios de sus dirigentes, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), y la recesión económica atribuida a su sucesora Dilma Rousseff, destituida por el legislativo Congreso bicameral en agosto de 2016.

Ahora, por alternancia, le toca el turno a los neoliberales en este país de 208 millones de habitantes, con una expresión mucho más radical que la de los gobernantes moderados de los años 90.

Atacar al PT, como responsable de “la peor crisis económica” y de la corrupción que pudrió todo el sistema político brasileño, fue un arma decisiva de Bolsonaro, un gris diputado desde hace 27 años, cuya repentina popularidad arrastró al poder decenas de diputados y varios gobernadores de estado, hasta ahora desconocidos para los brasileños.

Su base electoral incluye sectores que discrepan del liberalismo económico, como militares nacionalistas y personas en situación de pobreza, dependientes de programas estatales. El mismo Bolsonaro, en su pasado de diputado nacionalista, votó contra las privatizaciones y la apertura comercial.

Su acercamiento al protestantismo, especialmente las iglesias pentecostales, en una de las cuales se hizo bautizar espectacularmente en el río Jordán, en Israel, en 2016, le permitió articular con cierta coherencia el apoyo de distintos sectores y corrientes en una idea de impulsar el reinicio del capitalismo brasileño.

Es curioso oír a sus adeptos que su lucha es contra el comunismo, identificándolo en los gobiernos del PT e incluso el anterior, encabezado por el centrista Partido de la Socialdemocracia Brasileña, acusado de neoliberal por los petistas.

Los pentecostales, más conocidos como evangélicos en Brasil, aglutinan confesiones a las que adhieren más de 30 por ciento de los brasileños y aumentan rápidamente en desmedro de los católicos, según encuestas especializadas.

Especialmente los llamados neopentecostales practican una agresiva formación de nuevos emprendedores, en una prédica por un esfuerzo individual de enriquecimiento. Es la “teología de la prosperidad”, según la periodista francomarroquí Lamia Oualalou en su libro “Jesús te ama”, un reportaje sobre la expansión religiosa y política de esas iglesias.

No se puede olvidar el papel de la religión en países más desarrollados, constatado por el sociólogo Max Weber en su obra “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, hace poco más de un siglo.

Los evangélicos representaron así una catapulta para la candidatura que Bolsonaro construyó desde 2014, no solo por su apoyo masivo en las calles, redes sociales de comunicación y templos, sino porque canalizaron hacia él 70 por ciento de sus votos.

Además sirvieron para promover la convergencia de distintos sectores, divididos por intereses dispares, en el respaldo activo al excapitán del Ejército.

Es lo que permitió neutralizar resistencias, generadas principalmente por las violentas declaraciones de Bolsonaro como diputado y candidato presidencial contra principios democráticos, las mujeres, negros, indígenas o la comunidad homosexual.

Otro superministro ya designado parece confirmar el discurso con que Bolsonaro trató de afirmarse como el más decidido combatiente de la corrupción y de la criminalidad, prometiendo su dura represión y la entrega de armas a la población.

El ministro de Justicia, que incorporará la seguridad pública a sus tareas, será el juez Sergio Moro, famoso por coordinar desde 2014 los procesos que enjuiciaron centenares de políticos, encarcelando decenas, incluyendo al expresidente Lula,  por corrupción, lavado de dinero y organización criminal.

Es una apuesta que fortalece el nuevo gobierno, por lo menos en su inicio, aunque amplió las dudas sobre la imparcialidad del juez, en los procesos contra Lula, ya que apuró las investigaciones y el juicio que condenó el exmandatario y lo confinó en la cárcel desde abril, impidiendo su candidatura presidencial, hasta entonces la favorita según las encuestas.

La extrema derecha victoriosa en Brasil se distingue de otras que se extienden por el mundo por su repentino ascenso y la falta de organicidad, además de carecer de un partido fuerte, y por eso depende del éxito de su gobierno para consolidarse. Bolsonaro solo se afilió al Partido Social Liberal en mayo de 2018 para poder postularse, el octavo por el que ha transitado durante su carrera.

Su “populismo de derecha” es usual en países de sociedades más homogéneas, no en un país de tanta desigualdad como Brasil, más propicio a populismos de izquierda, destacó Anna Grzymala-Busse, profesora de política en la estadounidense Universidad de Stanford, en una entrevista al diario Folha de São Paulo el 29 de octubre.

Mario Osava/ipsnoticias.net

 

OIT propone incorporar igualdad de género en la negociación colectiva

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ESPAÑA.- La propuesta se desprende del Simposio Iberoamericano de la OIT, donde se debatieron medidas para favorecer la igualdad de género y el trabajo decente.

El Simposio Iberoamericano de la Organización Internacional del Trabajo, llevado adelante en La Palma, bajo el lema El Futuro del Trabajo, insta por un marco integral de medidas transformadoras que sitúe la eliminación de la discriminación y la consecución de la igualdad de género tanto en el hogar como en el trabajo en el centro de las intervenciones públicas.

El encuentro, organizado por la Fundación CajaCanarias y la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, ha subrayado esta como una de sus conclusiones, en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que serán remitidas a la Oficina de la OIT en España para su consideración como aportación al debate mundial sobre el futuro del trabajo.

La vicepresidenta de la Fundación CajaCanarias y miembro del Comité Organizador del Simposio, Margarita Ramos, fue la encargada de emitir las conclusiones recogidas en el Simposio junto con la profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna, Dulce María Cairós

El panel final contó también con la presencia del el viceconsejero de Empleo y Emprendeduría, Emilio Atiénzar, y del director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, José Miguel González.

En el documento se destaca la necesidad de incorporar en el ámbito de la igualdad de género en la negociación colectiva y otorgarle un mayor papel en la toma de acciones y decisiones, así como articular acciones contundentes, frente a las infracciones, sea por vía administrativa o judicial.

"Constituye una obviedad constatar que las mujeres, a nivel global, no están en la misma posición económica y social que los hombres, ni ocupan el mismo espacio, particularmente desde la perspectiva del trabajo", señala el documento.

Asimismo, las conclusiones hacen hincapié en la proliferación del trabajo atípico, de carácter temporal, flexible y disruptivo, que se suma al trabajo no remunerado y voluntario, desempeñado fundamentalmente por mujeres y que plantea el reto de lograr que el cambio tecnológico y organizativo no expulse del mercado de trabajo a la mano de obra femenina, que ha venido incorporándose con dificultad.

Paralelamente, se considera necesario encaminar la búsqueda del pleno empleo hacia lograr la dignidad salarial, además de trabajar para lograr una cifra no elevada de desempleados, con el objetivo de reivindicar un derecho del trabajo como derecho de la ciudadanía y de referencia constitucional.

"La precariedad laboral y la inseguridad se reflejan también en unos ingresos bajos, por lo que es necesario garantizar un mínimo de protección atendiendo a la realidad plural y diversa y mantener un debate serio y productivo sobre la renta básica universal", recoge el texto.

En relación con los nuevos desafíos a los que se enfrenta el "trabajo decente", el documento hace referencia al cambio tecnológico, la digitalización, las nuevas necesidades formativas, el cambio demográfico, el envejecimiento de la mano de obra, el comercio internacional de bienes y servicios, el papel de los tratados de libre comercio, el cambio climático y las políticas de cambio energético.

Asimismo, se concluyó que para la consecución de un trabajo decente deben tenerse en cuenta los convenios internacionales del trabajo de la OIT, la protección social del trabajo asalariado y dependiente, con independencia de las obligaciones contractuales, el rescate de presunción de laboralidad y el principio de primacía de la legalidad y el refuerzo de la libertad sindical. "Constituye una necesidad, un reto y un desafío la reivindicación de un derecho del trabajo como derecho de la ciudadanía, de referencia constitucional" se indica en el documento.

El Comité Organizador de este simposio estuvo formado por la vicepresidenta de la Fundación CajaCanarias, Margarita Ramos; el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, José Luis Rivero; y el director General de Trabajo del Gobierno de Canarias, José Miguel González; que también participaron activamente en el simposio.

www.comunicarseweb.com.ar

 

Tasa promedio de desempleo en América Latina es del 8,8%: OIT

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Durante el primer semestre del año la cifra de desempleo en la América Latina fue del 8,8%, siete puntos básicos por encima de la cifra registrada durante todo el 2017.

Así lo indicó Guy Ryder, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante la Reunión Regional Americana , que se realizó en Ciudad de Panamá.

De acuerdo con Ryder, la región está “en una situación de desempleo preocupante”, teniendo en cuenta que hace cuatro años, cuando se llevó a cabo la última reunión regional, la cifra de desempleo era de 6,1%, la más baja registrada por la OIT, y “desde entonces esta tasa ha subido en forma persistente hasta llegar al 8,1% en 2017, la más alta en Latinoamérica”.

Asimismo, indicó que después de 2014, la región entró en un ciclo de desaceleración, y luego una recuperación muy lenta y esto ha influido en el desempleo”. A lo que agregó que la Organización hace unos meses creía que la tendencia al alza en la tasa de desempleo iba a detenerse, dado que en el segundo semestre este índice usualmente se reduce, pero “hoy es poco probable que se invierta la tendencia negativa que se ha dado en los últimos años”.

En términos cualitativos, Ryder indicó que el reto que afronta el continente es el de la informalidad, puesto que de allí se desprenden otras problemáticas tales como la tercerización en los contratos y la baja cobertura pensional, que en la región es del 45%.

Señaló que la tasa de informalidad en el continente es del 53%, es decir que son más las personas que trabajan sin estar integradas a un sistema de seguridad social, por lo que no tienen la misma cobertura y garantías de cumplimiento de sus derechos laborales, que quienes son formales. “Esto significa que más allá de las tasas, el problema afecta a 140 millones de personas”, agregó.

IGUALDAD DE GÉNERO Y TRABAJO JUVENIL

El directivo dijo que a pesar de la difícil situación a la que se enfrentan las naciones americanas, ha habido avances en la búsqueda por la igualdad de género en el trabajo, dado que, según él, se ha mantenido la tendencia al aumento en la participación de las mujeres, y en 2017 se pasó del 49,8% a un poco más del 50%.

Sin embargo, el índice de desempleo para las mujeres en el primer semestre del 2018 fue del 11%, por encima del 7,8% registrado para los hombres.

Según sus datos más recientes, el desempleo juvenil es del 18%, lo que se traduce en que alrededor del 40% de los desocupados en Latinoamérica haga parte de este segmento poblacional.

MIGRACIÓN VENEZOLANA

Ante la pregunta sobre cómo afrontar el impacto de la migración de 1,9 millones de venezolanos que según la ONU han migrado desde el 2015, y cuya mayor parte se ha alojado especialmente en Colombia, Guy Ryder dijo que la mejor forma es abriendo la posibilidad de que estas personas se empleen de manera legal.

“Lo que la OIT ha aprendido de la experiencia de Siria, cuando se mueven millones de personas, es que el impacto sobre los mercados del trabajo va a ser importante porque la gente al final va a trabajar. La cuestión es si lo van a hacer ilegalmente. (…) Así que a mi juicio, tenemos que buscar la forma de dejar la posibili- dad de que los venezolanos migrantes tengan acceso a los mercados de trabajo, y eso no es fácil", manifestó.

Adriana Carolina Leal/ www.portafolio.co

 

Defensores de los derechos humanos denuncian a OIT situación de indígenas de Perú

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La contaminación de los ríos de la Amazonía y las brechas de género en la educación de las mujeres indígenas de Perú son algunos de los problemas recogidos en un informe alternativo sobre la Convención 169 de la OIT, presentado en Lima por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Este informe, elaborado para que sea enviado en los próximos días a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, tiene la finalidad de que el organismo internacional pueda ver “un panorama mas realista” de la situación de los indígenas en Perú y exija a su Estado el cumplimiento de la Convención 169.

“Lo que buscamos con el informe alternativo sobre el cumplimiento del Convenio 169 en Perú es llevarlo ante la comisión de expertos de la OIT, en Ginebra, para que en noviembre el Perú tenga una audiencia y este organismo internacional le exija que cumpla con lo que estipula el convenio”, dijo a Efe Luis Hallazi, coordinador del grupo de trabajo sobre pueblos indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

El informe comienza con un análisis del tercer “Censo de comunidades nativas y comunidades indígenas”, realizado el año pasado por el Estado, donde pese a que señalan que tuvo una implementación defectuosa, se destaca que el 25 % de los peruanos se identifica con un pueblo indígena u originario.

Incluye diversos casos de contaminación de los ríos y fuentes de agua de la Amazonía peruana, que ha causado nuevas enfermedades y muertes en la población indígena. Uno de ellos es el caso del distrito amazónico de Chiriaco, donde en 2016 se produjo un derrame de unos 3.000 barriles de petróleo, hecho que ocasionó daño ambiental en el río Chiriaco y afectó a la vida y salud de decenas de comunidades nativas de la etnia awajún.

El documento incide en que algunos niños fueron irresponsablemente contratados para realizar labores de limpieza e identificó a 243 personas expuestas a petróleo sin protección. Asimismo, analizó también el escaso trabajo del Estado por reducir las brechas en educación y salud, especialmente en el caso de las mujeres. Según el informe, solo el 31 % de las mujeres indígenas cursa educación secundaria.

Para Hallazi, editor del informe, la implementación del Convenio 169 en Perú es “muy deficiente” y “muy lenta” pese a que entró en vigor hace más de veinte años. Apuntó que esto respondería a intereses particulares relacionados con los territorios indígenas que, según el informe, podrían comprender un 40 % del territorio nacional. “Es evidente que hay muchos intereses debido a las actividades extractivas y mineras. Todo eso hace que haya interés en estos territorios, pero el Estado no genera las garantías suficientes para que puedan darle una titularidad colectiva”, agregó.

Además, informa sobre la situación de vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento voluntario, derecho a las tierras y territorios, derecho a la consulta previa, derecho a la salud y derecho a la protesta, entre otros. Perú tiene identificado a 55 pueblos indígenas u originarios, de los cuales 51 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes, según la Base de Datos de Pueblos Indígenas y Originarios del Ministerio de Cultura peruano.

EFEverde

 

OIT presentará en 2019 una nueva iniciativa por el futuro del trabajo

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PANAMÁ.- En 2019 la Organización Internacional de Trabajo (OIT) presentará la nueva iniciativa sobre el futuro del trabajo en la que participa un grupo de 35 especialistas (gobierno, trabajadores, sindicatos, académicos, empresarios) para encaminar un compromiso real para los gobiernos y establecer las directrices que permitirán desarrollar políticas públicas en cada nación.

“Tenemos que ver cuáles son los problemas, dónde la tecnología no es el único factor. Además de vernos afectados por la Inteligencia Artificial hay otros factores como cambio climático; el impacto demográfico y se deben saber tomar medidas para saber gobernar”, detalló Vega.

Los nuevos conceptos que han llegado a la OIT van desde la aplicación de “cuotas humanas en las fábricas”, que se refiere a propuestas que han surgido en el mundo para que no se deje el trabajo de las personas de lado por la incorporación de tecnología; pretenden establecer cuotas como participación de trabajadores.

También se habla del derecho a “desconectarse”, es decir, no consultar llamadas o mensajes relacionados con el trabajo durante el descanso para mantener un equilibrio entre la vida y el trabajo; y  nuevas enfermedades de trabajo como puede ser el estrés laboral (Síndrome Burnout).

Todo ello, detalló, conlleva analizar cuáles son los problemas del empleador y trabajadores del futuro; “uno es el problema del empleo, cómo enfrentamos los cambios en el trabajo, porque ese empleo que tradicionalmente se concebía ya no existe más; como también el trabajo subordinado ha venido cambiando”.

www.eleconomista.com.mx/María del Pilar Martínez

 

En busca de mercados más justos para las mujeres rurales latinoamericanas

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En República Dominicana, la falta de oportunidades, la poca información y la falta de conocimientos técnicos condenan a muchas mujeres rurales a permanecer en sus viviendas, sin poder ejercer su autonomía y haciéndose cargo de trabajo no remunerado.

Pero en Altamira, un municipio de la provincia de Puerto Plata, existen dos grupos de mujeres trabajadoras que lograron romper con esta situación y actualmente sobresalen por su entusiasmo emprendedor y el amor a su trabajo.

Chocal, Chocolate de la cuenca de Altamira, y Choco Lala, Mucho chocolate y poca espuma, son dos fábricas de chocolate artesanal donde laboran exclusivamente mujeres. Estas empresas, lideradas por mujeres apasionadas, forman parte de organizaciones como la Red de Mujeres Rurales para la Autogestión  y el Centro de Madres Ana Idalia Navarro.

Estas mujeres chocolateras, en conjunto con sus respectivas directivas, han sabido impulsar sus proyectos a base de esfuerzo, determinación y la colaboración de diversas instituciones nacionales e internacionales como la Fundación de Desarrollo y Salud (Fundelosa), Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Ambas fábricas tienen objetivos en común: Brindar inclusión a las mujeres de Altamira para mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad.

Para ello, aprovechan los frutos orgánicos de temporada que esta fértil zona provee, muy especialmente el cacao orgánico, protagonista de los diversos productos que comercializan: barras de chocolate, bombones, chocolate en polvo y licor de cacao.

Estos productos, fabricados de manera artesanal, son colocados en su comunidad y también vendidos a turistas extranjeros que visitan sus instalaciones para conocer el proceso de producción de chocolate artesanal. De igual modo, se venden en diversas provincias del país y cadenas de supermercados.

“Antes me trasladaba a casas de familia a trabajar, pero ahora no lo hago porque tengo trabajo seguro en nuestra empresa’’ cuenta Nelfy García, Gerenta de Choco Lala.

En esta empresa al igual que en Chocal, las mujeres logran más oportunidades laborales y de autorrealización, de forma que ya no tienen que desplazarse largas distancias hacia zonas francas, casas de familia y hoteles.

Por su parte, Nohemi Crisóstomo, vicepresidenta y subgerenta de Chocal, afirma: ‘‘Este proyecto para mí es un sueño, es una universidad y es mi primer trabajo, pero, queremos seguir haciendo ese el sueño más grande y en un futuro vernos exportando nuestros productos hacia el extranjero’’.

La de estas mujeres de Altamira es un ejemplo de éxito de otras muchas iniciativas de comercialización que realizan las productoras rurales latinoamericanas, para consolidar sus proyectos productivos.

Diversificar canales de comercialización

Una de las experiencias de acceso a mercados más exitosas en la región es la conexión de la agricultura familiar con las compras públicas de alimentos.

Mediante estas compras los gobiernos generalmente abastecen comedores escolares, centros de atención a las poblaciones vulnerables, hospitales, centros penitenciarios y otras instituciones públicas.

Esta conexión ha permitido, además de incrementar los ingresos de las familias rurales, mejorar la calidad de la alimentación de la población, mediante la oferta de productos diversificados y frescos, rescatando las tradiciones culinarias ancestrales.

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Uruguay son algunos países que han adoptado marcos regulatorios que promueven la compra de la producción de micro, pequeñas y medianas empresas, o definen cuotas de abastecimiento de alimentos provenientes de la producción familiar.

En Brasil, el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) incluye una acción positiva hacia los grupos de mujeres, o grupos mixtos con al menos un 70% de mujeres.

En 2013, cuando la resolución entró en vigencia, los grupos de mujeres o con mayoría de mujeres pasaron a poseer el 47% del total de contratos efectuados, frente al 29% en el año anterior.

Según información de ONU Mujeres, el ingreso medio de estos grupos ha aumentado en un 27% en el mismo periodo.

Las modalidades de compra del PAA, que permiten menores cantidades y mayor diversidad de productos, han facilitado la integración de las mujeres y de sus grupos, muchas veces pequeños e informales, lo que contribuye al desarrollo de capacidades para la venta a mercados mayores.

América Latina y el Caribe tiene la oportunidad, no sólo de aprovechar el potencial de compra del Estado, sino también de promover la diversificación de los mercados para las cooperativas y emprendimientos rurales liderados por mujeres.

Para lograrlo, es urgente que las políticas logren:

Construir un entorno favorable para la organización y establecimiento de iniciativas empresariales femeninas.

Fortalecer las redes y la promoción de las iniciativas empresariales femeninas.

Mejorar las competencias empresariales de las mujeres rurales y desarrollar servicios financieros y de negocios que respondan a sus necesidades.

Fomentar la integración progresiva de los negocios de mujeres rurales en la economía formal.

Brindar mayor certeza y protección a las mujeres productoras en su relación con intermediarios comerciales.

http://www.ipsnoticias.net/

 


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