Trabajo

Empresaria británica pide invertir más en los negocios liderados por mujeres

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MONTEVIDEO.- A sus 16 años, la británica Madi Sharma preguntó a su padre si podía trabajar en su negocio y él le dijo que no era algo "para mujeres"; hoy es una de las 100 personas más influyentes del mundo en políticas de género y pide que se invierta más en los negocios creados y dirigidos por mujeres.

Así lo destaca en una entrevista con Efe con motivo de su visita a Montevideo la emprendedora, nacida en Nottingham y de ascendencia india, quien manifestó que años después de ese intento fallido, y pese a que intentó hacer una carrera universitaria en otra cosa, su interés por los negocios seguía latente.

"Mi padre debería haberme alentado a entrar en los negocios en ese punto porque yo nunca perdí eso. Me casé, tuve hijos, me divorcié luego de un matrimonio violento y ahí fui forzada a convertirme en una emprendedora (...) porque básicamente nadie más me daba empleo, así que me vi forzada a empezar un negocio", expresa.

Así, sin tener estudios ni experiencia laboral, comenzó a cocinar y a hacerse un lugar en el mercado con su emprendimiento hasta llegar a operar en dos fábricas, con un volumen de 10.000 productos por semana y vendiendo en supermercados y aerolíneas.

La empresaria, que ha sido galardonada con los premios "UK Best Boss" y "Asian Woman of Achievement" y es miembro del Comité Económico y Social Europeo, resalta entonces, con su trayectoria como prueba, que "las mujeres pueden hacer lo que sea" y las incita a empezar sus propios negocios.

"Anoche estaba hablando con un inversor y él decía que no tiene suficientes mujeres en las que invertir. ¡Así que vamos, hagan negocios, empiecen sus negocios, tienen todas las habilidades!", enfatiza.

De todas formas, Sharma, quien dice que "las mujeres rinden más que los hombres en los negocios" porque "fallan menos y obtienen más ganancias a largo plazo", opina que sería deseable que los Gobiernos facilitaran más las cosas a las emprendedoras.

"Tiene sentido invertir en negocios de mujeres. Desde la crisis de 2008 las mujeres que son dueñas de empresas han creado más puestos de trabajo que sus equivalentes hombres; entonces tiene sentido porque tenemos que resolver los problemas del desempleo", considera.

"Las mujeres son las que han abierto el mayor número de nuevos negocios y muchas de ellas son mujeres migrantes (...) Es realmente importante que los Gobiernos les faciliten las cosas para que puedan abrir sus negocios y que las apoyen tanto como a los hombres", recalca.

Asimismo, la británica sostiene que si bien hay avances, hace falta que se logre la paridad de género con un 50 % de mujeres en todos los ámbitos de toma de decisiones y, para ello, sugiere que primero se estimule a las mujeres a entrar en política y luego se asegure que siempre estén en la mesa.

Sharma, que como oradora internacional también ha levantado la voz para reivindicar el derecho de los jóvenes a acceder con más facilidad al mercado laboral, expresa que, cuando se trata de las nuevas generaciones pide que haya un 30 % de gente joven en todos los organismos involucrados en la toma de decisiones.

"No hay una razón por la cual no lo podamos hacer (...) Todo el mundo dice que los jóvenes son el futuro pero no es así, no son el futuro, son el ahora. Las personas mayores sentadas en todos esos lugares están decidiendo qué es lo que va a pasar con el dinero que les pertenece a los jóvenes", esgrime.

En esa misma línea, haciendo alusión a las elecciones presidenciales que se celebrarán a finales de octubre en Uruguay, la activista acota que en tanto la política "afecta a todos" hay que votar, involucrarse y, como dice la frase de Mahatma Gandhi, "ser el cambio que queremos ver" haciéndolo "sin excusas".

"Si no te involucras, las cosas nunca van a cambiar así que involúcrate con las cosas que te importan, eso es política. No tienes que ser un político ni pertenecer a un partido", argumenta.

Por último, preguntada sobre cómo combatir la situación de mujeres que, al igual que hizo ella, atraviesan situaciones de violencia machista, Sharma estima que hay que dejar de "victimizar" y promulgar leyes que combatan la violencia psicológica hacia las mujeres porque, indica, es ahí donde empieza.

"Los hacedores de políticas tienen que apoyar a las mujeres. Es inaceptable que una de cada tres mujeres sufra violencia doméstica y que en la actualidad sea cada vez más la cantidad de mujeres jóvenes, chicas de 14, 15 y 16 años", concluye.

EFE

 

Wall Street puede (y debe) ayudar a liberar a millones de esclavos modernos

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NACIONES UNIDAS.- Según un nuevo estudio,  el neoyorquino Wall Street, la City de Londres y otros grandes centros financieros mundiales deberían desempeñar un papel más determinante en la liberación de millones de personas sometidas a condiciones de esclavitud en el trabajo en todo el planeta.

Un grupo de expertos, integrado en la Comisión del Sector Financiero para las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, asegura que los bancos y otros organismos financieros pueden adoptar políticas para reducir los 40,3 millones de hombres, mujeres y niños que son víctimas del trabajo forzoso.

Su informe de 172 páginas, con el título de “Desbloqueo del potencial: un plan para movilizar las finanzas contra la esclavitud y la trata de personas”, exige más sondas financieras en las redes de tráfico y trata de personas y un mayor apoyo a quienes se liberan de las condiciones de esclavitud.

“La esclavitud y la trata de personas son grandes negocios, se calcula que generan 150 mil millones de dólares cada año por las espaldas rotas, los corazones y los sueños de personas jóvenes y mayores”, dijo el ministro holandés de Relaciones Exteriores,  Stef Blok, uno de los coautores del informe, durante su lanzamiento en las Naciones Unidas en Nueva York, al concluir septiembre.

El estudio pinta un retrato sombrío de la esclavitud moderna, al considerar que a nivel mundial una de cada 185 personases es obligada a trabajar  en un sector ilícito, como el tráfico y comercio ilegal de drogas y la producción y venta de productos falsificados.

Las formas modernas de esclavitud incluyen la servidumbre por deudas, donde los trabajadores se ven obligados a laborar de forma gratuita para pagar préstamos u otras deudas contraídas,  el matrimonio forzado, la servidumbre doméstica y el trabajo forzado, en el que los trabajadores enfrentan violencia o intimidación.

Se pueden encontrar esclavos modernos haciendo de todo, desde la mendicidad hasta la extracción ilegal de oro, pero los sectores más grandes en el negocio global de 150.000 millones de dólares al año son el servicio doméstico, la producción fabril y la construcción.

Una cuarta parte de las víctimas de la esclavitud moderna involucra a niños y niñas.

James Cockayne, coautor del informe y analista de políticas de la Universidad de las Naciones Unidas, consideró por su parte  que la trata de personas y la esclavitud representaban un “trágico fracaso del mercado”.

“La esclavitud moderna nos deja a todos peor porque trata a las personas como objetos desechables en lugar de agentes económicos y sociales completos”,  aseguró.

El académico se condolió de que “colectivamente perdemos una gran cantidad de potencial que actualmente está bloqueado”.

Hacer frente al flagelo será una lucha, dice el informe. Reducir a cero la cantidad de trabajadores explotados para 2030 implicará liberar a 10.000 víctimas de la esclavitud moderna todos los días durante los próximos 11 años.

Según los autores del informe, las instituciones financieras pueden ayudar a lograr ese objetivo al aumentar los recursos para las sondas financieras en las redes de tráfico y trata de personas y poner fin a las empresas que obtienen ganancias a través de la esclavitud.

Los bancos y otros organismos financieros pueden mejorar la detección de los flujos ilícitos vinculados a las redes de tráfico y de trata de personas, y pueden cooperar más con otras instituciones para identificar y combatir el abuso de algunas de las personas más vulnerables del mundo.

Además de convertir a las personas en esclavas, también se sabe que los cabecillas de la trata,  el comercio y explotación de personas, secuestran las identidades financieras de sus víctimas, entre otras causas ilícitas, para usarlas en el lavado de dinero. Una vez que recuperan su libertad, algunas víctimas también encuentran que tienen destruida su calificación crediticia.

Muhammad Yunus,  Premio Nobel de la Paz 2006 por su esquema de microfinanzas y colaborador de  la Comisión, aseguró que los bancos deberían invertir más en esquemas de finanzas sociales y digitales para hacer que las personas pobres sean menos vulnerables a los traficantes y tratantes.

“Un gran número de personas en todo el mundo permanecen sin bancos”, dijo Yunus.

“Debemos … crear negocios sociales, es decir, negocios dedicados a resolver problemas sin buscar beneficios monetarios personalmente, enfocándonos en reducir y finalmente eliminar el tráfico de personas y la esclavitud moderna”, afirmó el gurú de las finanzas sociales.

El informe fue impulsado por la Iniciativa Liechtenstein, una asociación público-privada que cuenta con el apoyo de Barclays, Bank of America, HSBC, Wells Fargo, BMO Financial Group y otras grandes firmas financieras.

“El sector financiero posee un enorme potencial para ayudar a terminar con la esclavitud moderna y la trata de personas y para mantener la integridad del sistema financiero internacional”, agregó Block, el ministro holandés.

Además, subrayó, “puede crear mercados de capital éticos y, por lo tanto, puede ser una fuerza poderosa para el bien, en primer lugar al apoyar a las víctimas de estas prácticas comerciales criminales”.

(IPS) James Reinl

 

Uruguay: Avanza aprobación de convenio de OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo por razones de género

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MONTEVIDEO.- Los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social de Uruguay adhirieron al convenio 190 de OIT, mediante la firma de un compromiso por parte de los titulares de ambas carteras, Ernesto Murro y Marina Arismendi. También participaron la directora general de secretaría del  Ministerio de Trabajo, Ana Santestevan; la Coordinadora residente de Naciones Unidas en Uruguay, Mireia Villar Forner, y la representante de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado.

Murro explicó que ambos ministerios aspiran a que Uruguay sea uno de los primeros países del mundo en ratificar el texto promovido por la OIT. “Este convenio no es un antojo para quedar bien, atiende uno de los graves problemas que tiene hoy la humanidad y el Uruguay”, precisó.

Murro informó que el ministerio cuenta con una Inspección General de Trabajo que en 2018 recibió 331 denuncias de acoso y violencia. En esos casos el ministerio inspecciona y puede aplicar multas y, al mismo tiempo, obligar a las partes a la aplicación de políticas correctivas.

El ministro detalló que desde su aprobación en Ginebra en la última Conferencia de la OIT, hace tres meses, el convenio fue analizado con  organizaciones sindicales y empresariales.  Al respecto señaló que se alcanzó un acuerdo con los trabajadores pero lamentó que no sucedió lo mismo con el sector empresarial.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, destacó que su secretaría de Estado trabaja con instituciones en temas de equidad e implementó el denominado Sello de Calidad con Equidad que certifica buenas prácticas en las organizaciones para prevenir situaciones de desigualdad de género.

La representante de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado, destacó que Uruguay tiene la voluntad política de aplicar “tolerancia 0 a la violencia” y establecido mecanismos de control y seguimiento.

presidencia.gub.uy

 

OIT destaca a Maranhao como estado brasileño en prevención de trabajo esclavo

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RECIFE.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó a Maranhao como el estado brasileño pionero en implementar un programa en toda la red pública de educación de prevención al trabajo esclavo en el país, informaron fuentes oficiales.

Según un comunicado del gobierno regional, el responsable de Proyectos de la OIT, Érik Ferraz, quien está de visita en la región, señaló que Maranhao será el primer estado en Brasil en alcanzar a todos los municipios con acciones educativas a través del programa 'Esclavo, ni pensar'.

La iniciativa, avalada por la OIT, incluye la formación de gestores para campañas de prevención a las prácticas de trabajo en condiciones análogas a la esclavitud, un delito presente en varias regiones del país y que afecta principalmente a personas sin escolaridad o inmigrantes, como bolivianos, haitianos y venezolanos.

Ferraz, quien acompañará el jueves la graduación de los primeros gestores, indicó que 'Esclavo, ni pensar', está terminando un primer ciclo iniciado en 2015 para establecer una estrategia de combate al trabajo esclavo y cuenta con el apoyo de la organización no gubernamental (ONG) Reporter Brasil y la Fiscalía del Trabajo.

"Maranhao se va a tornar en el primer estado de Brasil en haber alcanzado a todos sus municipios con la metodología de 'Esclavo, ni pensar'",apuntó.

El programa, también el primero en el país en formar educadores con énfasis en el combate al trabajo esclavo, alcanzó desde 2015 a 240.873 personas en 474 escuelas de 138 municipios, prestos a auxiliar en denuncias sobre esa práctica ilegal.

La región nordeste del país es una de las más propensas para prácticas de trabajo esclavo.

En ese sentido, el estado de Bahía celebró este miércoles el Seminario Internacional de la Comisión de Erradicación al Trabajo Esclavo, también con participación de la OIT.

Entre 2014 y 2019, 238 personas fueron rescatadas por las autoridades en situación de trabajo en condiciones análogas a la esclavitud en Bahía, el estado más poblado del nordeste brasileño.

La procuradora del Ministerio Público del Trabajo en Bahía Manuella Gideón, quien participó en el encuentro, señaló que esa práctica va más allá de "una simple irregularidad en la legislación laboral", incluso cuando patronos pagan salarios pero mantienen a sus empleados en condiciones degradantes.

También este miércoles, la Policía Federal (PF) desplegó una operación para combatir el trabajo esclavo de inmigrantes venezolanos en el estado de Roraima (norte), donde estaban contratados en el sector de la construcción en condiciones "de extrema vulnerabilidad", informó la institución.

En la acción fue detenido un empresario brasileño, sospechoso de "captar" y "someter" a los inmigrantes venezolanos, algunos de ellos adolescentes, "a trabajo en condiciones análogas a la esclavitud", señaló la PF en un comunicado.

EFE

 

Profesionales nicaragüenses buscan la seguridad en Costa Rica

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SAN JOSÉ- Cuando estallaron las protestas antigubernamentales en Nicaragua en 2018, Sara*, pediatra, sabía que el juramento hipocrático la obligaba a tratar a cualquiera que lo necesitara. El abogado y defensor de los derechos humanos Braulio Abarca sintió que era su obligación defender los derechos de los manifestantes que fueron llevados a la conocida prisión de El Chipote, en Managua. Carlos*, profesor universitario, dijo que su conciencia le obligaba a acompañar a sus alumnos en las marchas.

A consecuencia de ello, los tres profesionales sufrieron represalias, intimidación y amenazas de muerte. Los tres huyeron para salvar sus vidas y solicitaron asilo en la vecina Costa Rica, que ha recibido a 68.000 de los aproximadamente 82.000 nicaragüenses que abandonaron su país desde abril de 2018.

La represión no solo se dio contra los manifestantes, sino contra cualquier sospechoso de ayudarles o incluso de simpatizar con ellos. Al no poder seguir con la carrera que tanto habían trabajado por forjar, todos ellos debieron buscarse la vida para encontrar cualquier trabajo con el que afrontar sus gastos.

Después de que a los médicos de hospitales públicos se les prohibiera tratar a cualquier persona sospechosa de haber resultado herida en las protestas, Sara*, de 34 años y madre de dos hijos, se unió a un grupo de médicos, enfermeras, paramédicos y otras personas que acordaron tratar a pacientes en necesidad.

A consecuencia de ello fue objeto de represalias: los grupos paramilitares la siguieron en varias ocasiones y una vez vigilaron la casa donde vivía con sus hijos pequeños.

“Decidí irme de inmediato. Sentí que amenazaban mi vida y no podía permanecer más tiempo”, recuerda. “Dejé el hospital donde trabajaba, mi vida estable, saqué a mis hijos de nuestra situación envidiable y los metí en otra que no es lo que quisiera para ellos”.

Pero no tenía otra elección, insiste.

“Nos obligaron a huir del país”, dice Sara, quien pide ocultar su identidad por temor a que su familia y amigos que aún están en Nicaragua puedan ser atacados de forma similar. “Porque de no haberlo hecho, habría sido morir o ir a prisión”.

Braulio, un abogado de 28 años que trabajaba para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, recibió amenazas explícitas como represalia por haber representado a los manifestantes detenidos en la prisión de El Chipote, donde los activistas cuentan que los prisioneros son regularmente sometidos a tortura y violencia sexual.

“Como defensores de derechos humanos, fuimos la voz de los que no la tienen, de los que fueron silenciados por no pensar lo mismo que el Gobierno”, dice, y agrega que recibió mensajes a través de redes sociales diciéndole que, si seguía hablando en contra de la policía, despertaría “con moscas en la boca”, “lo que significa que podría ser asesinado… solo por hacer mi trabajo”.

Con la ayuda de un coyote o traficante, al amparo de la noche, Braulio atravesó la porosa frontera sur de Nicaragua a Costa Rica.

“Como defensor de derechos humanos debes recomendar a las personas que, para proteger su vida y su libertad, abandonen el país”, dice.

“Pero tener que hacerlo uno mismo… tener que agarrar una mochila, ponerse una camisa, un par de pantalones, de zapatos y cruzar la frontera de manera irregular sin poder despedirse de su familia… es algo que no le desearía a nadie”.

Para Carlos*, el profesor universitario que participó en protestas al lado de sus alumnos, las amenazas fueron todavía más explícitas. Le dispararon en tres ocasiones diferentes.

En un incidente separado, se enfrentó a miembros de un grupo armado que vigilaba las casas de quienes se creía que tenían sentimientos contra el Gobierno y le dijeron sin rodeos que lo iban a matar.

Haberse librado por tan poco le dejó pensando.

“Mi hija vive aquí. Mis otros hijos vienen aquí y mis nietos viven aquí”, dice Carlos, de 60 años y padre de tres hijos, que tiene nueve nietos y un bisnieto. Y pensó para sí mismo: “Si no quiero poner en peligro a mi familia, debo irme”.

Igual que Braulio, Carlos cruzó la frontera en plena noche y solicitó asilo en Costa Rica.

“Estos son casos habituales bajo el mandato de Acnur”, dice César Pineda, de 42 años, que dirige la sucursal de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Upala, una pequeña ciudad costarricense cerca de la frontera con Nicaragua.

“Básicamente, se trata de individuos y de sus familias que huyen de un acoso concreto. Tenemos personas que fueron víctimas de violencia, personas que fueron torturadas, personas que tienen razones muy válidas para tener miedo de regresar a Nicaragua porque fueron amenazadas en persona”.

Los tres profesionales obligados a huir por haber hecho su trabajo o haber expresado una opinión política comprobaron que llegar a fin de mes en Costa Rica les supuso todo un reto.

Dado que la regulación costarricense requiere que se someta a un largo proceso burocrático antes de poder continuar su trabajo como médico, Sara luchó por encontrar un trabajo remunerado, incluso pidiendo trabajo en restaurantes de comida rápida y como cajera de supermercado.

Al fin encontró un puesto como diseñadora web. Y aunque agradece el trabajo, le frustra no poder hacer uso de las habilidades en las que trabajó por tanto tiempo para retribuir a su país de acogida.

Braulio vivió en un albergue antes de reunirse con seis de sus antiguos colegas, que también tuvieron que huir después de que las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos fueran saqueadas, para formar el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, una organización sin ánimo de lucro que ofrece asistencia legal a otros nicaragüenses solicitantes de asilo en Costa Rica.

Carlos vivió en la calle antes de encontrar un trabajo temporal dando clases de apoyo de secundaria en una ONG con sede en un suburbio de San José. Si bien todos ellos lograron encontrar su sitio, los tres tienen una única esperanza. “Sueño con volver a Nicaragua”, dice Carlos.

*Los nombres han sido cambiados por razones de protección.

RV: EG (IPS).

 

Una postrada OMC afronta las subvenciones a la pesca

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GINEBRA.- Los ataques comerciales de Estados Unidos contra China y la creciente tirantez en las relaciones internacionales han postrado hasta el decaimiento a la Organización Mundial del Comercio (OMC), la arquitectura jurídica global que regula los intercambios de bienes, servicios y propiedad intelectual.

El instrumento distintivo de la institución, su Órgano de Solución de Diferencias, que arbitra en las controversias entre los Estados parte, está amenazado de inminente extinción porque Estados Unidos obstruye la elección de nuevos jueces de su Órgano de Apelación, máxima instancia del sistema que puede caer en acefalía el 11 de diciembre.

Y las actividades centrales de la OMC, las negociaciones para perfeccionar acuerdos comerciales ya existentes en agricultura, productos industriales y servicios, o en nuevos campos, como el comercio digital, permanecen paralizadas, en la mayoría de los casos por las habituales diferencias entre países del Sur y del Norte.

Una única y también incierta posibilidad de remozar la OMC se presentará en los primeros días de septiembre, cuando se reanuden las sesiones del Grupo de Negociaciones sobre las Normas y afronte el tema de las subvenciones a la pesca, atendiendo a una demanda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluida en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se aprobó en 2015.

Uno de los puntos de esa Agenda establece “de aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad  y la pesca excesiva”. Determina igualmente que el el mismo plazo se deberán “eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole”.

La última conferencia ministerial de la OMC, celebrada en Buenos Aires en diciembre de 2017, se hizo eco de las urgencias planteadas por la ONU y exhortó a los 164 Estados parte de la institución comercial a introducir las reformas en los plazos reclamados por la ONU.

El grupo de negociaciones sobre las subvenciones a la pesca es el único organismo de la OMC que ha avanzado en sus trabajos en ese lapso, en particular en los aspectos técnicos que precisan lenguajes y definen actividades e instrumentos especiales, sin llegar aun a las cuestiones políticas más espinosas, reconocieron a IPS fuentes comerciales.

Uno de los aspectos políticos es la específica advertencia que hizo la ONU en su Agenda 2030 al declarar: “reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados”.

En los textos del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT, en inglés), antecesor de la OMC, ya figuraban menciones al trato especial y diferenciado que se concedía entonces (entre 1948 y 1995) a los países de menores ingresos.

La OMC incorporó esas disposiciones, que dan ventajas a los países en el cumplimiento de las obligaciones que el sistema comercial les impone.

Esa modalidad favorable a los países del Sur se aplica normalmente en la OMC, aunque algunas naciones industrializadas han hecho esporádicas críticas porque interpretaban que algunas de las economías beneficiadas ya habían superado la barrera del subdesarrollo.

Hasta que llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos,  en enero de 2017, y proclamó que “las guerras comerciales son fáciles de ganar”, declaró su aversión por la OMC e incrementó los aranceles a las importaciones de acero y aluminio de países aliados y de otros.

Esos fueron los primeros pasos de una ofensiva que ha trastocado el comercio internacional y el conjunto de las relaciones globales.

Una de las aspiraciones de Trump es la de reducir los beneficios del trato especial y diferenciado solamente a los países menos adelantados que en marzo de 2018 sumaban 45, según la última de las revisiones trienales que realiza el Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc).

En esa lista no figuran China ni India, dos de los blancos de los ataque de Trump a la hora de reclamar que se despoje de esos beneficios a gran parte de las naciones más pobres.

Los dos países superpoblados de Asia han rechazado en la OMC las pretensiones de Trump con argumentos que repetirán cuando el tema del trato especial y diferenciado surja en comité de negociaciones sobre las subvenciones a la pesca para tratar de alcanzar un acuerdo.

Las sesiones de ese comité deberían reanudarse el 9 de septiembre luego de que quede definida la presidencia del Grupo de Normas que ha quedado vacante por el alejamiento de su anterior presidente, el representante de México, Roberto Zapata, quien regresó a su país.

La elección del nuevo presidente de Normas, como también del Comité de Comercio y Desarrollo, será debatida en una sesión informal que sostendrá, el lunes 2 de septiembre, el Consejo General de la OMC, máximo órgano de la institución durante los recesos de la conferencia ministerial.

El grupo de países de América Latina y el Caribe (Grulac) hizo conocer su interés en mantener la presidencia del Grupo de Normas para continuar impulsando las negociaciones sobre subvenciones a la pesca. Con ese fin, propuso la candidatura de Brasil, pero India la vetó.

Los dos países han sido, junto a Rusia, China y Sudáfrica, estrechos aliados en políticas recientes de desarrollo y en otros planos internacionales. Pero Brasil apareció en las últimas semanas, junto a Guatemala y Australia, como impulsor de una acción ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC que cuestiona las subvenciones que India pretende otorgar a sus exportaciones de azúcar.

IPS/Gustavo Capdevila

 


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