Trabajo

En huelga 17.000 trabajadores de Walmart Chile tras fracaso de negociaciones

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SANTIAGO DE CHILE.- Unos 17.000 trabajadores de la minorista Walmart Chile iniciaron una huelga tras fracasar las negociaciones con la empresa en el marco de la negociación colectiva, según informaron fuentes sindicales.

La medida supone el cierre de unos 130 supermercados de los distintos formatos que la multinacional estadounidense opera en Chile, mientras más de un centenar funcionarán "a media máquina", dijo Juan Moreno, presidente del Sindicato Interempresa Líder (SIL), que convocó la huelga.

Lo último supone que esos establecimientos abrirán solo medio día, en la mañana o en tarde, precisó el dirigente sindical.

Walmart opera en Chile los supermercados Híper Líder, Líder Express, Central Mayorista, Superbodega Acuenta y Ekono, con un total de 371 establecimientos.

Los trabajadores habían rechazado en una votación hace dos semanas la última oferta de la empresa, pero el inicio de la huelga se retrasó cuando Walmart recurrió el pasado 3 de julio a una mediación de la Dirección del Trabajo.

Desde entonces hubo reuniones que, según el sindicato, fueron infructuosas, por lo que este martes la organización laboral decidió concretar la paralización a partir de hoy.

Entre otros puntos, los trabajadores demandan un ajuste salarial del 4 % por pasar a ser "multifuncionales", en el marco de la automatización de diversos servicios por parte de la empresa, que ofreció sólo un 3 % de aumento más un bono de 50.000 pesos (unos 72 dólares).

En lo que sí hubo acuerdo fue en el aumento de un bono de movilización, equivalente a dos pasajes diarios en el transporte público.

Moreno, en declaraciones a radio Cooperativa, aseguró que el sindicato no ha rechazado "en sí" la propuesta de la empresa, sino que "lo que pasó es que no llegamos a acuerdo dentro de los plazos de mediación, porque veníamos conversando".

"Se venció el plazo y la empresa no alcanzó a generar una propuesta que pudiera absorber el cambio a multifuncional de los trabajadores y trabajadoras", añadió Moreno, para quien dicho cambio "es abismal" y la oferta de la empresa "insuficiente para tal envergadura".

El dirigente manifestó su esperanza de que la empresa "pueda recapacitar" y subrayó que en el sindicato están dispuestos a conversar.

En un comunicado, Walmart Chile lamentó la decisión de los trabajadores y afirmó que la empresa "dispuso toda su colaboración para alcanzar un acuerdo".

Aseguró además que la huelga afectará mayoritariamente a los supermercados del formato Súper Bodega Acuenta y solo algunos Híper Líder y Líder Express", por lo que ha implementado un plan de continuidad operacional para asegurar una adecuada atención a sus clientes".

EFE

 

 

Gobierno colombiano se propone crear 1,6 millones de empleos

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GINEBRA.- El presidente de Colombia, Iván Duque, presentó en Ginebra ante la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los planes de su Gobierno para adaptar el mercado laboral a los retos tecnológicos del siglo XXI, con la meta de crear 1,6 millones de empleos hasta 2022.

"Queremos llegar a una tasa de desempleo que esté por debajo del 8 por ciento, la más baja de las últimas tres décadas en Colombia", afirmó Duque en la conferencia extraordinaria, con la que se celebra el centenario de la organización con sede en Ginebra.

El presidente colombiano reconoció que uno de los retos en su país es luchar contra el desempleo juvenil, con unas tasas especialmente altas en relación con la media latinoamericana, y para ello se ha hecho "una gran apuesta por la educación" destinando el mayor presupuesto de la historia nacional a ese sector.

Se ha fijado en ese sentido la meta de duplicar la jornada única escolar y que en los tres últimos años de la enseñanza secundaria se brinde también formación para la búsqueda del empleo con el objetivo de que "cuando se gradúe un bachiller, en una mano tenga ese título y en la otra uno de técnico preparado para el empleo".

El actual Gobierno de Colombia, que Duque asumió hace diez meses, quiere introducir la enseñanza de capacidades adaptadas a la cuarta revolución industrial, como "el análisis integrado de datos o la programación, pensando en las demandas que está teniendo el mercado laboral", explicó.

Para adaptar Colombia, como el resto del mundo, a un siglo con cada vez mayores retos en el campo del trabajo, debe "buscarse el sano equilibro entre el emprendimiento y la mejora de las condiciones de nuestra fuerza laboral", subrayó Duque.

Por ello, destacó, él ha sido el primer presidente colombiano que se sentó junto a empresarios y sindicatos en la mesa de concertación laboral con el fin de firmar un "pacto por el trabajo decente", anunciado en septiembre de 2018 y que "constituye un hito, porque sector privado, Estado y trabajadores fijamos metas comunes".

Duque recordó que Colombia fue miembro fundador de la OIT en 1919, organización nacida a la lumbre de las conversaciones de paz tras la Primera Guerra Mundial, y que su país, como el resto, enfrenta los retos de la transformación tecnológica que plantean fenómenos como la robotización o la inteligencia artificial.

Tales fenómenos generan "presión y desafíos permanentes", por lo que es importante que "los países adecúen sus políticas e iniciativas de tal manera que la fuerza laboral sea triunfadora y vencedora en el marco de las transformaciones tecnológicas", declaró.

Colombia, proclamó, "se une en la causa de lograr la erradicación total del trabajo infantil, conseguir la dignificación que se requiere para todo mercado laboral y que el trabajo forzado también deje de existir sobre la faz del planeta".

La conferencia anual de la OIT, del 10 al 21 de junio, analiza los retos de los trabajadores del futuro y en ella también han participado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, entre otros mandatarios.

EFE

 

Gobiernos, patronales y sindicatos juntos contra la violencia en el trabajo

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GINEBRA.- El mundo del trabajo se puso de acuerdo para dar luz a la primera norma internacional de tolerancia cero a la violencia y acoso en el trabajo, sea de tipo física, psicológica, sexual o económica, se produzca fuera o dentro del centro laboral, de forma esporádica o repetitiva.

Más de cuatro años de trabajos y negociaciones "difíciles, y por momentos emotivas y tensas" -como las describieron algunos de los delegados que participaron en ellas- fueron necesarios para llegar a un texto aceptable para gobiernos, empleadores y sindicatos, que votaron masivamente a su favor.

En la última jornada de la conferencia del centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención para la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Trabajo fue aprobada por 439 votos, frente a 7 en contra y 30 abstenciones, en un sistema único en el mundo y que hace que los gobiernos solo tengan la mitad del poder de decisión.

En el sistema tripartito de la OIT, patronales y sindicatos tienen derecho a voto, pero los del gobierno tienen doble peso.

El nuevo instrumento jurídico cubre todas las categorías de trabajadores, independientemente de su estatus contractual, así como a personas en formación (incluidos aprendices y becarios), así como a aquellos cuyos trabajos han terminado, voluntarios y personas que buscan empleo.

Su aplicación se extiende al empleo informal, que a nivel mundial representa al menos el 60 % del total.

El convenio abarca la violencia de género y reconoce el vínculo que puede existir entre el mundo del trabajo y la violencia doméstica.

Sin embargo y pese a los esfuerzos de patronales y sindicatos. no se consiguió incluir de forma explícita a los LGTBI como un colectivo especialmente vulnerable a la violencia en el trabajo, por oposición de numerosos países conservadores.

"En favor del compromiso se optó por una referencia genérica a los grupos vulnerables en lugar de enumerarlos e incluir a los LGTBI, pero lo que está claro es que todos tienen derecho a una vida laboral libre de violencia", reconoció ante la prensa el director general de la OIT, Guy Ryder, después de la votación.

Los negociadores también quisieron dar un enfoque de prevención a este nuevo convenio y para ello los Estados tendrán que identificar -en colaboración con organizaciones empresariales y sindicatos- los sectores, ocupaciones y el tipo de organización del trabajo que más expone a los empleados a la violencia y al acoso.

Se ha pensado, por ejemplo, en los nocturnos, los que se realizan de forma aislada, en los servicios sociales y de emergencia, en hospitales, en el transporte, la educación y el entretenimiento, así como en el trabajo doméstico.

Uno de los temas más polémicos durante las negociaciones fue la definición del ámbito geográfico y de las formas que podía adoptar el acoso, con los sindicatos que promovían un enfoque más amplio que los empleadores, quienes temían asumir responsabilidades que iban más allá de su capacidad de acción.

El convenio considera como lugar de posible violencia no sólo el espacio de trabajo, sino otros entornos como donde los empleados reciben su remuneración, hacen una pausa o comen, y los servicios sanitarios y vestuarios.

También se incluyen situaciones como los viajes de trabajo, las capacitaciones, los eventos sociales en relación al mismo, los lugares de hospedaje facilitados por el empleador y el trayecto de ida y vuelta del trabajo.

Asimismo, se reconoce que la violencia y el acoso pueden ocurrir mediante comunicaciones virtuales vinculadas al trabajo.

Ryder dijo que ahora corresponderá a las organizaciones de empleadores y trabajadores vigilar que los gobiernos busquen rápidamente la aprobación del convenio en sus parlamentos para proceder a su ratificación.

Una vez ratificada por tan solo dos países, la convención entrará en vigor y se convertirá en la 190 que se adopta bajo los auspicios de la OIT en sus cien años de existencia y la primera desde 2011, cuando se aprobó el convenio para la protección de los trabajadores y trabajadoras domésticas.

EFE

 

Ministros de Trabajo del G7 instan a reducir las desigualdades sociales

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Los ministros de Trabajo de los países del G7 instan a reducir las desigualdades sociales en el mundo, según un comunicado emitido en París, tras dos jornadas de reflexiones.

Los representantes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón, el Reino Unido y Francia, que organizará este año la cumbre del Grupo de los Siete (G7) en Biarritz a finales de agosto, firmaron un documento contra las desigualdades sociales y a favor de la protección de los trabajadores.

La agenda del encuentro ministerial se enfocó en cuatro puntos: reforzar la cooperación multilateral en favor de una mayor justicia social, apoyar el acceso universal a una protección social conforme a los cambios del trabajo, preparar a las personas para adaptarse a la transformación digital y garantizar la igualdad profesional de hombres y mujeres.

Las conclusiones de esta cita están destinadas a "enriquecer" la agenda de los jefes de Estado o de Gobierno en la cumbre de Biarritz, en la que Francia espera impulsar la lucha contra las desigualdades, pero también otras reuniones internacionales, como el centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la próxima Asamblea General de Naciones Unidas.

Los titulares de Trabajo instaron a organismos internacionales, como la OIT y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a mejorar la coordinación para favorecer la integración del reglamento internacional de trabajo.

París espera que el G7 contribuya a coordinar con eficacia las acciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las organizaciones citadas para que "sus mensajes sean coherentes con sus acciones" y articulen mejor "las dimensiones sociales y económicas de la globalización".

EFE

 

 

Pueblos indígenas paraguayos recurren a la radio para defender sus derechos

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ASUNCIÓN.- Las radios comunitarias de las comunidades indígenas de Paraguay emiten desde finales de 2018 pequeñas cuñas radiales de poco más de un minuto en las que recrean situaciones de vulneración de derechos que viven estos pueblos e informan, de manera didáctica, de las leyes que les amparan.

La idea de recurrir a la radio fue de los líderes y las lideresas indígenas de las comunidades que integran la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), para facilitar la divulgación de la Cartilla de Primeros Auxilios Jurídicos.

Ese documento, elaborado en 2016, recopilaba algunas de las preguntas más frecuentes que las comunidades indígenas tenían sobre sus derechos colectivos e individuales, y ahora, unos años después ha encontrado su versión sonora en la serie radial "Primeros Auxilios Jurídicos".

Una de las comunicadoras que trabajan para la FAPI, María José Centurión, comentó a Efe que la idea de transformar ese documento en un formato para radio surgió en los encuentros que mantienen las organizaciones integrantes de la Federación.

"Se piensa en conjunto con los líderes y lideresas, que veían que sus comunidades podían asimilar mejor esta cartilla a través de los consejos radiales", dijo Centurión.

De esta forma, ese compendio de preguntas y respuestas, con una extensión de unas 48 páginas, se convirtió en ocho capítulos sonoros, 16 en total si se tiene en cuenta que se grabó una versión en español y otra en guaraní, que las radios comunitarias emiten dentro de su programación.

La versión en guaraní está pensada para los pueblos indígenas de la región oriental del país, hacia la frontera con Brasil, mientras que las grabaciones en español van dirigidas a las comunidades de la región occidental, que coincide geográficamente con el Chaco paraguayo, y donde son de uso frecuente otras lenguas nativas, como recordó Centurión.

Los jefes indígenas de cada organización se encargaron de supervisar cada uno de los guiones y de dar el visto bueno a la grabación final, ya que esa parte contó con el trabajo de "un guionista y dos locutores no indígenas".

Los ocho capítulos tratan, como si de un pequeño teatro se tratara, situaciones a las que todos se han visto expuestos alguna vez, como una orden de desalojo, una consulta sobre el territorio, cómo presentar una denuncia o la detención de niños menores de 14 años.

Ese fue uno de los problemas que más llamó la atención de una de las asesoras jurídicas de la FAPI que dieron respuestas a las preguntas de esa cartilla de primeros auxilios, Mirta Pereira.

En una de esas reuniones con los miembros de la organización, una de las abuelas del Chaco, relató Pereira, preguntó si los niños podían ir detenidos a las comisarías.

"Explicamos que los menores de 14 años no pueden ser detenidos, son inimputables y no pueden ser procesados. Explicamos todo lo que tiene que ver con las leyes que protegen a la niñez", manifestó Pereira en declaraciones a Efe.

La población indígena de Paraguay asciende a unas 117.000 personas, distribuidos en 19 pueblos y presentes en 13 departamentos del país, según los datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec), correspondientes 2012.

Además, la Constitución Nacional de 1992 reconoce su existencia y presencia en el territorio antes de la conformación del Estado como tal y se compromete a preservar sus particularidades culturales y sus formas de organización.

Sin embargo, Pereira, como asesora jurídica, aseguró que "en ambas regiones (occidental y oriental) están vulnerados los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en lo que hace a territorios y cuidados".

Por eso, la finalidad de estos pódcast, que se pueden descargar para que cada radio comunitaria los emita, es presentar a sus oyentes situaciones cotidianas para que les resulte sencillo identificar la violación de sus derechos y conocer que existe una respuesta legal para defenderse.

Pereira añadió que este proyecto, respaldado por la Agencia de Cooperación Española (Aecid) y la Rainforest Foundation Norway (RFN), no solo alcanza a los pueblos indígenas sino que además está llegando a poblaciones campesinas, que se informan a través de este medio de sus derechos individuales.

EFE/Noelia F. Aceituno

 

Las empresas con mujeres directivas tienen mayores beneficios, según la OIT

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GINEBRA.- Tres de cada cuatro empresas que han promovido la presencia de mujeres en cargos directivos han registrado un aumento de sus beneficios del 5 al 20 por ciento, según un análisis realizado por la Organización Internacional del Trabajo a partir de encuestas a 13.000 compañías de setenta países.

En este estudio, el organismo de la ONU mide la aportación de las mujeres en el sector privado y las ventajas de contar con ellas no sólo como empleadas, sino también como jefas de equipos y responsables ejecutivas.

"Aunque esperábamos constatar una incidencia favorable de la diversidad de género en el éxito empresarial, los resultados que hemos obtenido son más que elocuentes", declaró la directora de la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT, Deborah France-Massin, al presentar estos resultados ante la prensa.

El impacto positivo de la presencia femenina en puestos de responsabilidad no se limita a aumentar los beneficios, ya que el 57 % de las empresas entrevistadas también resaltó que ello contribuyó a atraer y retener a profesionales con talento.

Un 54 % de firmas indicó que se habían notado "mejoras en materia de creatividad, innovación y apertura" y un porcentaje similar destacó los efectos favorables para su reputación.

Si se tienen en cuenta los múltiples esfuerzos de las compañías para mejorar sus beneficios en apenas un uno a un tres por ciento, no cabe duda que facilitar el acceso de las mujeres a cargos directivos constituye una vía más fácil y efectiva, de acuerdo con el análisis.

De las 13.000 compañías que participaron en la encuesta, 73 % era nacionales o locales y el resto multinacionales.

Por tamaño, casi el 58,8 % eran pequeñas y el resto grandes y medianas, de lo que se deduce que cuanto mayor es la empresa más baja es la probabilidad de tener una directora general.

En el estudio, las regiones más representadas fueron Latinoamérica y el Caribe (32,7 %), Asia y el Pacífico (20,2 por ciento) y Europa y Asia Central (19,4 %).

A escala macroeconómica, la OIT ha establecido que a mayor integración laboral de las mujeres mejor comportamiento tiene el Producto Interior Bruto (PIB), según un análisis de datos de 186 que corresponde al periodo 1991-2017.

Sin embargo, los especialistas de la OIT consideraron que no es suficiente tener mujeres en puestos directivos, sino que su representación debe ser de, al menos, un 30 % para que su presencia realmente redunde en beneficios empresariales, lo que sólo ocurre en el 40 % de compañías.

La OIT también identificó los factores que dificultan el acceso de la mujer a puestos de toma de decisiones, entre ellos la necesidad de estar disponibles en todo momento y en cualquier lugar.

Esta exigencia, que en muchos casos forma parte de la "cultura empresarial", afecta de forma desproporcionada a las mujeres con respecto a los hombres, dado que sus responsabilidades domésticas y familiares son mayores.

El camino que queda por recorrer hacia la igualdad de género todavía es muy largo, como lo demuestra el hecho de que cuanto más se asciende en la jerarquía de una empresa más difícil es encontrar mujeres.

"Menos de una tercera parte de las empresas participantes en la encuesta han alcanzado el umbral crítico de contar con un consejo de administración integrado por lo menos por un 33 % de mujeres", explicó France-Massin.

Peor aún, una de cada ocho empresas señaló que su consejo de administración está integrado exclusivamente por hombres. EFE

 


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