No insistan en violentar el Estado Constitucional de Derecho

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No es la primera vez que el grupo parlamentario que viste los colores del fujimorismo se empeña en desconocer el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Ahora vuelve a las andadas y maniobra con el nada oculto propósito de censurar al presidente del Congreso, el trujillano Daniel Salaverry, quien ha oficializado la creación de dos nuevas bancadas, en estricto cumplimiento de los fallos del organismo jurisdiccional cuya finalidad específica es el control de la constitucionalidad.

Las declaraciones recientes del vocero oficial de ese colectivo, Carlos Tubino, un poco conocido marino, metido ahora en los enredos terrenales de la singular política peruana, así lo revelan. Para él y  sus consejeras inmediatas como la señora Rosa Bartra, la señora Karina Beteta y la “independiente” Ursula Letona , no cuenta que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en dos oportunidades, si en forma reiterada, para que se proceda, por respeto a la ley de leyes, a reconocer el derecho de los legisladores a formar nuevas bancadas, en caso de haber renunciado por razones de conciencia a las que originalmente pertenecían.

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, en consonancia con lo resuelto por dicho organismo, que a la vez de controlar la vigencia de la Constitución, es también el órgano jurisdiccional premunido de facultades decisorias, ha expresado: “las sentencias del TC no se discuten, se cumplen y eso es lo que corresponde”. Declaración puntual, clara, rotunda, como debe ser en un país que, se supone, rige su gobernabilidad conforme a lo prescrito en un Estado Constitucional de Derecho.

Pero, lastimosamente, no es así como piensan los seguidores de Keiko Fujimori. De la boca para afuera manifiestan que reconocen lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y, al mismo tiempo, apelan a las malas artes que les caracteriza, para hacer nuevas consultas “a constitucionalistas” que, por supuesto, se entiende, no forman parte del organismo protector de los preceptos constitucionales. La intención es clara: evitar que funcionen las nuevas bancadas y sacar de la presidencia del Congreso de la República a Salaverry, por infracción constitucional. Todo un golpe de Estado, que les permitirá manejar a diestra y siniestra el Parlamento, presidir el mismo, tener a su mando las más importantes Comisiones de Trabajo, a la par que los recursos administrativos y presupuestales. Tal como lo han venido haciendo desde hace dos años y medio.

Tales integrantes, digamos, conformantes de una rama del fujimorismo, no se han dado cuenta que tienen la gran oportunidad de corregir errores políticos. Ponerse a tono con lo anunciado, antes de su carcelería, por Keiko, en el sentido de enmendar malos pasos y trabajar con otros criterios para devolverle al país la estabilidad política y el respeto de la constitucionalidad, situaciones a las que nos han llevado sus perversiones autoritarias y vengativas, derivadas del fracaso en el pasado proceso electoral presidencial. Palabras que no hay duda se las ha llevado el viento.

Sin embargo, creo que todavía están a tiempo de salir de perdedores, pese a que gran parte de la ciudadanía tiene un pésimo concepto sobre la calidad de la cultura política que poseen. No es posible que el fundamentalismo keikista los tenga dominados. O que ella misma no reflexione, en estos momentos de dolor, para salir del adoctrinamiento equivocado que aprendió al lado de Alberto, su padre, del maquiavelismo montesinista o de la consejería de Figari. Existe algo que se llama grandeza de la dignidad humana. Estos son días para tenerla en consideración con verdadero arrepentimiento.

¿Por qué tanto embrollo, cuando todo está claro? podría ser parte del cuestionario de la reflexión que se les pide al grupo keikista, como a ella misma. Como ayuda deberían saber sus miembros, que los más conspicuos expertos en la materia han formulado precisiones de gran valor. Entre ellas, por ejemplo: que no corresponde a la Comisión de Constitución del Congreso, emitir opinión tras el fallo del Tribunal Constitucional; que Daniel Salaverry ha cumplido con un deber constitucional y no al contrario, como irresponsablemente habla Rosa Bartra, quien, dígase de paso, no se puede poner a la altura, en cuanto conocimientos jurídicos,  del Presidente o de los expresidentes del Tribunal Constitucional; y, finalmente, que los asuntos administrativos del funcionamiento del Congreso, forman parte de las obligaciones del Oficial Mayor pero que no significa obstáculo para que se cumpla la sentencia.

Es cierto que en la lucha por el poder político, como en otros aspectos de la vida humana, lo importante es triunfar. Pero no es correcto ni aconsejable recurrir a la mentira, a la artimaña, al fanatismo ni a la hipocresía, para ese fin. Por si acaso, la ciudadanía está pendiente de lo que ocurra en estos momentos, cuando observa un fujimorismo que no ceja en la politización de la justicia  y cuando, del mismo modo, ve que ese grupo autoritario trata de rebajar la autonomía, la independencia del Tribunal Constitucional. Olvidan, adrede, que no depende administrativamente de ningún otro órgano del Estado, que adopta decisiones sin influencia ni sujeción a otros elementos que no sean la Carta Magna, la ley y la conciencia de sus magistrados. La política debe ejercerse, llevando en alto el anhelo de una democracia real.

Roberto Mejía Alarcón

 
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