Leyes y amenazas cercan la libertad de expresión en Honduras

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Una serie de leyes que entraron en vigor los últimos cinco años y la solicitud de amparo de 35 periodistas y 22 comunicadores sociales la llamada “Ley de Secretos” del gobierno, dan idea del clima que se respira en Honduras en materia de libertad de expresión.

La organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF) sintetiza la situación en su informe anual de este año al indicar que es de “alto riesgo”.

La libertad de expresión ha sufrido una “lenta caída” desde hace una década, señala RSF, que resalta los niveles de impunidad, corrupción y crimen organizado que prevalece en el país, así como las intimidaciones y amenazas que sufren periodistas de “medios de oposición o comunitarios”, objeto de agresiones e incluso forzados a irse del país.

De 2001 al 2018, unos 75 periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados en Honduras, de esos crímenes apenas seis casos han sido judicializados mientras el resto sigue en la impunidad, acota el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).

En tanto, RSF indica en su informe de 2018 que Honduras pasó al puesto número 141 de 180 países evaluados y se encuentra entre los que mantienen en alto riesgo la libertad de expresión.

Para Víctor Hugo Álvarez, periodista y analista social, la corrupción y el narcotráfico tienen bajo acecho la libertad de expresión.

“Grupos de narcotráfico mantienen un contubernio con estamentos de poder políticos, empresariales y policiales que impiden un clima sano para el desempeño del periodismo, exponiendo así al comunicador a grandes riesgos”, dijo a IPS.

A todo esto se suma “la corrupción, que contamina también el ejercicio de la profesión”, añadió.

Óscar Moran Méndez, reportero de la emisora capitalina  Radio América, de cobertura nacional,  considera que el ejercicio de la libertad de expresión esta matizado por leyes, amenazas y los intereses de los medios de comunicación social, “la otra tenaza” que aprisiona.

“Existe una especie de complicidad entre los medios y el gobierno definida por la pauta publicitaria y bloqueo a cobertura de determinada información. La publicidad, es por ahora, el mejor disuasivo de control  gubernamental sobre un sector de la gran prensa mediática”, dijo a IPS este reportero con más de dos década de experiencia.

Pero son las últimas legislaciones, señala, las que más están endureciendo el ejercicio de la libertad de expresión y la labor periodística en la cobertura de fenómenos dañinos como la corrupción.

Una de esas leyes, es la denominada Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, conocida popularmente como “Ley de Secretos”.

“Esta ley vulnera el acceso a conocer de manera real cómo se manejan los fondos públicos, hay presupuestos que se desconocen y si ese mecanismo no se deroga o reforma, no habría información fluida y liberadora, hoy la opacidad en la información parece ser la norma”, acotó.

Vigente desde el 2014, la Ley de Secretos consta de 17 artículos y en ella crea categorías y plazos de  clasificación que van desde Información Reservada (5 años), Información Confidencial (10 años), Información Secreta (15 años) e  Información Ultra secreta (25 años).

Esta norma está adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y aunque carece de reglamento alguno, en su primera resolución dieron categoría de secreto a información en poder de al menos 21 instituciones gubernamentales y estatales.

Dentro de estas instituciones se encuentran algunas que son objeto de investigación por la Fiscalía del Estado y la Misión de Apoyo de lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).

Esa misión es un órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), que funciona desde hace dos años en el país para fortalecer las instituciones y contribuir a desmantelar grandes redes de corrupción.

La MACCIH surge tras fuertes manifestaciones ciudadanas en contra de la corrupción y la impunidad, en especial el desfalco hecho al ente de la seguridad social para financiar campañas políticas y otros desvíos del partido en el poder, El Nacional.

El desfalco se estima en unos 46 millones de dólares. La información del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) cayó en la categoría de “secreta” por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que preside la Presidencia de la República.

Instituciones civiles anticorrupción y de libertad de expresión como el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) indican que la Ley de Secretos violenta la libertad de expresión  y el derecho a la información.

Ello  porque en uno de sus artículos señala que si una información secreta llega a sus manos, deberá notificarse a los órganos de inteligencia del Estado para que se respete su clasificación.

También limita la ley de transparencia y acceso a la información pública pues quita la potestad de clasificación de información.

Pero existen otras reformas legales aprobadas que han despertado la alarma en los grupos humanitarios y de libertad de expresión.

Se trata de una serie de articulados del nuevo código penal que entrará en vigencia en 2019 y están relacionados con la criminalización de la protesta social, la figura del desacato,  el terrorismo y el debate en este momento de una ley de ciberseguridad para regular redes sociales  e Internet.

De acuerdo al jurista y defensor humanitario, Nery Velásquez, tanto la Ley de Secretos, las reformas legales y leyes en discusión en el poder legislativo, “nos indican como se van cerrando los espacios democráticos en el trabajo de libertad de expresión y de prensa, estamos frente a una represión institucionalizada de la libertad de expresión”.

Velásquez dijo a IPS que esta norma se viene elaborando “de forma imperceptible, sin un profundo debate pero con una clara intencionalidad de criminalizar la libertad de expresión y de prensa”.

En el 2015, el gobierno aprobó una Ley de Protección a periodistas, comunicadores sociales, defensores humanitarios y operadores de justicia que ejecuta la Secretaría de Derechos Humanos.

La ley cuenta con un Mecanismo de Protección que busca asistir a las víctimas. Más de 198 personas se han acogido en los últimos dos años.

Defensores humanitarios, en especial ecologistas y, periodistas, son los que más se han acogido al Mecanismo de Protección. En mayo de este año, el Ministerio Público creó una Fiscalía Especial para Defensores Humanitarios, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia a fin de dar prioridad a sus casos y a los crímenes impunes.

“Eso solo indica que el clima de libertad de expresión es de altísimo riesgo y cabe destacar que aquí la intolerancia política a la crítica por parte de los tres poderes del Estado los ha llevado a no investigar las amenazas a la prensa y a registrar los crímenes sin poner rostro ni nombres a los culpables”, advirtió Velásquez.

El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, reelecto en noviembre de 2017 bajo una fuerte impugnación social que desató una nueva crisis política sin resolver, ha sido desde el 2014 el principal impulsor de medidas y reformas que lesionan la libertad de expresión y acceso a la información en un país de de 9,2 millones de habitantes y considerado entre los tres más desiguales del mundo, después de Sudáfrica y Haití.

Por Thelma Mejía.

 
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