Nicaragua se desangra entre la violencia y la pobreza

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En torno a 1,3 millones de personas están en peligro de ingresar o reingresar a la pobreza en Nicaragua, a consecuencia de la violencia que azota a este país centroamericano desde abril y que cobró ya la vida de más de 300 personas y provocó daños económicos multimillonarios.

El informe Impacto Económico de los Conflictos Sociales en Nicaragua para 2018, publicado en junio por la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), proyecta un panorama crítico para Nicaragua, por la persistencia del conflicto político en que está sumido este país de 6,3 millones de habitantes.

Más de 215.000 personas han perdido su empleo como efecto de la crisis y los daños económicos en pérdidas directas sobrepasan los 638 millones de dólares, mientras las reservas del sistema financiero van en picada por el retiro masivo de fondos de ahorro de la población, según el estudio del centro de pensamiento.

El informe precisa que los rubros más afectados por la crisis son el turismo, el comercio y la construcción, que representan 77 por ciento del empleo perdido, por la crisis desencadenada por las protestas contra el gobierno izquierdista de Daniel Ortega.

Si no se encuentra una solución a la crisis en el tercer trimestre del año, Funides señala que la economía nicaragüense caerá este año en 5,6 por ciento, lo que agravaría la condición económica de 1,3 millones de personas, por la pérdida de 900 millones de dólares en ingresos en el país.

“Existen alrededor de 1,3 millones de personas que, aunque no son pobres actualmente, están en riesgo de caer en situación de pobreza si perdiesen su empleo o se redujera considerablemente su ingreso en los próximos meses”, dice el informe.

Según Funides desde que estalló la revuelta popular contra Ortega, ya unas 131.000 personas cayeron en la pobreza.

Nicaragua era ya antes de comenzar la crisis el tercer país con mayor índice de pobreza de América Latina, detrás de Haití y Honduras, según el Banco Mundial, en un país donde 24,9 por ciento de la población vivía en pobreza, según el gubernamental Instituto Nacional de Información para el Desarrollo, y en torno a 30 por ciento según organismos internacionales.

También son pesimistas las estimaciones del gobierno sandinista de Ortega, cuya dura represión ha alimentado las protestas, mientras los intentos de que cuaje un diálogo político que reconduzca la crisis han fracasado hasta ahora.

La meta oficial de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para este año era de 1,5, pero la proyección cayó a un incremento de  entre 0,5 y1,5 por ciento cuando se cumplieron los 71 días de protesta, y siempre que la situación interna se normalice durante el actual trimestre.

Más allá de las cifras, el deterioro socioeconómico se vive cotidianamente en las calles y entre la mayoría de las familias de Nicaragua.

Cada día son más los pequeños negocios que ponen fin a sus actividades, mientras el comercio formal opera con horarios reducidos y muchos grandes almacenes han clausurado sus puertas por las acciones de pillaje que se produjeron en abril y mayo, con saqueos que afectaron a decenas de tiendas y centros comerciales.

Los servicios de ocio, como restaurantes, bares y centros de juegos, cuyo horario extendido podía ser de hasta 24 horas continuas, ahora operan solo entre ocho y 10 horas, por seguridad y por recomendación policial.

Ciudades turísticas como León y Granada, en la costa del océano Pacífico, han sido severamente afectadas por las protestas y los turistas han huido de ellas o cancelaron sus viajes.

León, la ciudad colonial ubicada a unos 90 kilómetros al oeste de la capital, ha sido escenario de violentas jornadas de enfrentamientos y sus calles empedradas ahora se ven destruidas y cercadas por barricadas.

Y en Ometepe, en Rivas, 120 kilómetros al sur de Managua, los negocios locales de atención a turistas han cerrado sus puertas por falta de visitantes, mientras los barcos que conectan con la turística isla en medio del lago de Nicaragua con tierra firme han reducido sus horarios ante la falta de viajeros.

Igual o peor ocurre en Masaya, una ciudad turística y de artesanos ubicada a unos 29 kilómetros al este de la capital, donde la represión policial ha dejado 35 muertos y más de 300 heridos de bala desde el 18 de abril.

Allí la población levantó barricadas en todos los barrios y en cada intento de la policía y fuerzas irregulares afines al gobierno por quitarlas, se han armado disturbios que se saldaron con incendios, destrucción y víctimas.

Joaquín Alberto Torrez, que tiene un pequeño comedor en el populoso mercado Oriental de Managua, narró a IPS que las ventas de alimentos han bajado “como nunca”.

“Yo vendía hasta 100 servicios de comida casera al día, ahora no vendo ni 30. La gente viene a los mercados a comprar alimentos para almacenar por el miedo a una guerra o una hambruna y no compran nada más que comida y medicinas”, dijo.

Ana Cecilia Calderón, propietario de un puesto de alimentos no el mercado Mayoreo de Managua, también ha visto caer sus ventas hasta en 70 por ciento.

“La mayoría de cosas que se venden son alimentos como enlatados, conservas y otros que no necesitan refrigeración. La gente viene de mañana, busca lo más barato y sale corriendo. Ya al mediodía usted puede ver como todo empieza a cerrar. Nadie quiere andar en la calle”, se quejó a IPS.

Donde sí puede verse la efervescencia de gente es en las oficinas de migración y extranjería. Cada día, miles de nicaragüenses, desde la madrugada, acuden a hacer trámites de pasaportes, con intención de abandonar el país.

“Usted viene a las cinco de la madrugada y corre el peligro de no agarrar cupo. Hay gente que duerme aquí, para poder agarrar un cupo”, dijo a IPS el abogado Luis Martínez, quien presta servicios de gestiones legales para sacar pasaportes a menores de edad.

“Son a diario, más de 1.000 gestiones que se hacen aquí de documentos legales para gente que quiere sacar pasaporte a sus hijos. La mayoría quiere irse a Panamá, Costa Rica y El Salvador, otros buscan España, Estados Unidos y hasta Canadá”, dijo frente a una pequeña oficina atestada de gente con documentos en mano.

El origen de la rebelión fue una reforma gubernamental de la seguridad social que obligaba a empresarios y trabajadores a incrementar los aportes al sistema, reducía sus beneficios y cortaba en cinco por ciento las pensiones jubilatorias.

La medida, que perjudicaba aproximadamente a 1,3 millones de personas, desató el reclamo de jubilados y estudiantes universitarios, que pasaron a encabezar las protestas contra el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 73 años, que ya presidió el país entre 1985 y 1990, gobierna Nicaragua desde 2007, tras ser reelegido en 2011 y 2016, la última ocasión gracias a una reforma constitucional y en unos comicios criticados por el ventajismo oficial.

Su política de represión contra las protestas ha alcanzado a 93 focos distintos en ciudades, municipios rurales y carreteras de los 15 departamentos del país, donde las poblaciones locales han instalado barricadas sobre las carreteras.

Eso afectó la movilización y provocó escasez de víveres, combustibles y materias primas, en iniciativas que comienzan a caer en niveles de descontrol y anarquía, con algunos saqueos y otros pillajes.

Desde el inicio de las protestas, hasta el 2 de julio, según datos del Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos, se estiman 309 muertos y más de 2.000 heridos, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimó la cifra en junio en 212 muertes y más de 1.000 heridos.

Por José Adán Silva/ Foto: Manuel Esquivel/IPS

 
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