El laberinto colombiano puede volverse verde

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Colombia es una potencia planetaria en biodiversidad y recursos hídricos, pero al mismo tiempo vive de venderle al mundo carbón y petróleo, combustibles fósiles. Que no cunda el pánico: en la economía verde también hay ingresos y empleos. Lo dice el experto mundial en el tema, Juhern Kim.

“Si Colombia utiliza con inteligencia sus abundantes recursos asociados al capital natural puede crear nuevas oportunidades de negocios vinculadas a la bioeconomía, la agricultura sostenible, la economía forestal, que tienen el potencial de generar ingresos y crear empleos verdes”, expresó a IPS en una entrevista el surcoreano Juhern Kim, economista ambiental y especialista en gestión de ecosistemas.

Kim es representante interino en Colombia del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, en inglés), una organización intergubernamental surgida en 2012, que promueve un desarrollo sostenible que sea viable económicamente y, al mismo tiempo, socialmente inclusivo. Trabaja directamente en 26 países, entre ellos Colombia.

Este mes de junio hace un año que Colombia ratificó el Acuerdo de París sobre cambio climático, en el que se comprometió a reducir en 20 por ciento, antes de 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero, para contribuir así a reducir el recalentamiento planetario.

Entre otros temas, Kim analizó en su entrevista con IPS como este país sudamericano  avanza hacia la mitigación y adaptación al cambio climático y hacia una economía baja en carbono, como se comprometió en el Acuerdo suscrito en diciembre de 2015 en la capital francesa en la 21 Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

El especialista, quien anteriormente fue representante del GGGI en Vietnam y trabajó en temas vinculados a la economía verde en ONU Medio Ambiente, también analizó como Colombia puede hacer más verde su matriz energética y en general su economía.

IPS: Colombia es el quinto productor mundial de carbón, ¿cómo propone el GGGI abordar el punto final a esa actividad minera, que se contrapone a los acuerdos climáticos?

JUHERN KIM: La producción de carbón desempeña un papel importante en la economía colombiana: contribuye a alrededor de 1,5 por ciento del producto interno bruto y representa 18 por ciento de las exportaciones. Como alrededor de 95 por ciento de su producción se exporta, la actividad carbonífera nacional se verá afectada por los vaivenes del mercado internacional. Las últimas fluctuaciones del precio claramente muestran que la economía del país necesita diversificarse para crecer más y mejor. Además, la futura demanda global de carbón tiende a caer, aunque ocurrirá lentamente y no para todos los tipos de carbón. Muchos países comenzaron a cerrar sus plantas de carbón y están abocados a reducir el consumo de otros combustibles fósiles, reforzado por compromisos internacionales como el Acuerdo de París, en el que Colombia incluyó su propio compromiso.

El GGGI promueve un crecimiento económico sostenible e inclusivo, que implica reducir el uso de carbón y otros combustibles fósiles. Por eso, apoya al gobierno de Colombia desde hace año y medio, a través del Departamento Nacional de Planeación, en la elaboración de una política de crecimiento verde de largo plazo, que proponga medidas relacionadas con la actividad económica carbonífera de tres formas.

La primera es incorporar energías renovables en la matriz energética. En Colombia, la producción de electricidad a partir del carbón representa ocho por ciento del total generado.

La segunda es explorar promotores de un nuevo crecimiento económico para diversificar la economía, que actualmente depende de las exportaciones de petróleo y carbón. Por ejemplo, la biodiversidad; si Colombia utiliza con inteligencia sus abundantes recursos asociados al capital natural, puede crear nuevas oportunidades de negocios vinculadas a la bioeconomía, la agricultura sostenible, la economía forestal, que tienen el potencial de generar ingresos y crear empleos verdes.

Y la tercera medida busca limitar el impacto ambiental de la extracción de carbón, en especial de los mineros informales, que rondan el 40 por ciento. Muchas de estas unidades productivas carecen de licencias ambientales, y tienen técnicas de explotación perjudiciales para el ambiente. También apunta a fortalecer la formalización de la minería y a ofrecer asistencia técnica para reducir la contaminación.

IPS: ¿Cómo se puede proteger a la población costera de las tormentas tropicales más intensas y del avance de la erosión?

JK: Colombia está bajo gran amenaza de tormentas tropicales y de erosión costera en sus costas sobre dos océanos: casi 1.700 kilómetros de costa Caribe y 1.300 kilómetros en el Pacífico. El aumento de la frecuencia e intensidad de esos eventos, sumado a la mala planificación urbana, incrementa la vulnerabilidad y el riesgo de las personas, la infraestructura y los ecosistemas.

El Plan Nacional de Adaptación reconoce esa vulnerabilidad. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible avanza en la dirección correcta, al incluir variables relacionadas con el cambio climático en la planificación y zonificación de territorios, la que se articulará con fondos adecuados y con la transferencia de tecnología para implementar medidas de mitigación.

Son de particular importancia las medidas de adaptación basadas en los ecosistemas. En este caso, proteger y expandir los manglares en la franja costera reducirá la erosión, y al mismo tiempo permitirá el uso sostenible de esos ecosistemas, beneficiando el modo de vida de la población local. En otros casos será necesario implementar medidas tradicionales de infraestructura para evitar desastres a corto plazo. Aumentar las capacidades locales, la conciencia pública, la adecuada planificación y la implementación de medidas de mitigación del riesgo, son claves.

IPS: Un tema central es el de la transición energética. ¿Cómo promover las energías verdes en Colombia? ¿Es mejor la autogestión de las comunidades o las grandes concesiones regionales, criticadas como monopólicas?

JK: Colombia tiene una gran participación de energías limpias a través de la generación hidroeléctrica (70 por ciento). Pero al depender de los ciclos hidrológicos, es vulnerable al cambio climático.

En ese sentido, a Colombia le conviene diversificar la matriz energética con otras fuentes limpias, con cambios de política y normativos en el mercado energético. Colombia se quedó atrás en producción de recursos energéticos renovables y no convencionales, en comparación con vecinos latinoamericanos, como Chile. Pero tiene un gran potencial para generar energía solar, eólica y de biomasa, útiles como soluciones alternativas a la red.

Creemos que los proyectos de energías renovables deben estar a cargo de entidades con las capacidades técnicas y financieras necesarias para desarrollar, operar y mantener ese tipo de iniciativas.

IPS: Para analistas ambientales, el retiro de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) de territorios que controlaba, se evidenció su papel de guardabosques en esas áreas, porque aducen que miles de hectáreas fueron arrasadas desde entonces. ¿Cómo ve usted la situación y qué puede hacerse al respecto?

JK: Aunque la presencia guerrillera en muchos bosques frenó la expansión agrícola y la exploración de recursos naturales, probablemente no es tan sencillo como decir que oficiaron de guardabosques, porque también apoyaron la producción de cultivos ilegales que generaron deforestación.

En definitiva, comprender las razones del aumento de la deforestación en Colombia no es sencillo. Y encontrar soluciones, tampoco.

Al parecer, el proceso posterior al conflicto ha ido generando un cambio en la dinámica del territorio, en algunos casos por la ausencia del control que, aunque discutible, ofrecía la guerrilla; en otros casos por la gran especulación vinculada al uso no productivo de la tierra, con la falsa esperanza de ciertas personas de obtener títulos de propiedad si se realizaba cualquier tipo de actividad en ella, y vender la tierra a un mejor precio en el futuro.

Es necesario tener reglas equitativas. La situación mencionada impide a los productores rurales y a los empresarios acceder a la tierra con el apoyo adecuado para realizar actividades productivas y los incentivos para la conservación, como créditos (es decir instrumentos financieros), el acceso a los mercados e incentivos financieros para la conservación (por ejemplo, el pago por servicios ecosistémicos), y así.

De hecho, todo el paisaje debería estar planificado de forma integral, es decir, mediante enfoques sostenibles que promuevan los beneficios económicos, pero minimizando el impacto ambiental y aumentando la rentabilidad social.

Por ejemplo, es necesario crear zonas productivas para el desarrollo económico local, pero no es razonable hacerlo en corredores biológicos. Además, los instrumentos financieros diseñados para promover métodos de agricultura sostenible, como la agroforestería, pueden ser un promotor hacia una transición sostenible.

Colombia definió una Estrategia Integrada de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, que fija pautas claras sobre cómo atender el problema.

Pero esa estrategia no basta si no hay una alianza en la sociedad colombiana en su conjunto. Además, las autoridades tienen un papel importante para implementar la visión para la conservación de los bosques (es decir, comandar y controlar), por ejemplo, las funciones de las entidades de control, de los jueces y de muchos otros actores comprometidos a reducir la ilegalidad.

IPS/ Constanza Vieira/IPS Noticias

 
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