Trabajo



El 36 % de los empleados trabaja en exceso, según informe de la OIT

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GINEBRA.- Aproximadamente un 36 por ciento de los trabajadores del planeta trabajan en exceso (más de 48 horas semanales), lo que contribuye a problemas de seguridad y salud en su empleo, según el informe que sobre estos aspectos presentó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El informe, que se publicará con ocasión del día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo (28 de abril), subraya que los cambios en el ambiente laboral, incluyendo la automatización y digitalización, producen nuevos desafíos en la fuerza laboral, como el aumento de trastornos tales como la ansiedad o la depresión.

Cada año mueren 2,4 millones por enfermedades ligadas al trabajo y 374 millones sufren accidentes laborales en los que fallecen unas 380.000 personas, según cifras de 2017.

Aunque se observa “una mayor prevención para los riesgos conocidos”, según la experta de la OIT sobre seguridad y salud Manal Azzi, los cambios profundos en los lugares de trabajo presentan novedades que necesitan nuevas adaptaciones para seguir avanzando en la prevención.

“Necesitamos estructuras de seguridad y salud que reflejen estos cambios, junto a una cultura general de prevención que fomente una responsabilidad compartida”, destacó.

La OIT señala que la pérdida de días de trabajo relacionada con los problemas de seguridad y salud laboral le cuesta a la economía mundial alrededor de un 4 por ciento de su PIB (y hasta un 6 por ciento en los países más afectados).

“Además del costo económico debemos reconocer el inconmensurable sufrimiento humano que causan estas enfermedades y accidentes, aún más trágicos porque en gran medida son evitables”, subrayó Azzi.

Junto a la robotización y la digitalización, otros factores que inciden en el surgimiento de nuevos riesgos laborales son los cambios demográficos (por ejemplo, el envejecimiento de la población en los países desarrollados), o el cambio climático, que afecta a aspectos como la contaminación o el estrés por exceso de calor.

EFE

 

Cien años después, la OIT busca su lugar en un mercado laboral globalizado

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GINEBRA.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT), nacida de los acuerdos de paz de la Primera Guerra Mundial, cumple cien años con el reto de seguir protegiendo al trabajador del difícil futuro que traen la globalización y la robotización.

El 11 de abril de 1919, la Conferencia de Paz de París en la que se negociaban las condiciones de la rendición alemana tras la Gran Guerra aprobó una serie de derechos universales para los trabajadores que se convertiría en la base de los estatutos de la OIT y también formaría parte del Tratado de Versalles.

En octubre y noviembre de ese año se celebraría en Washington la primera conferencia del nuevo organismo internacional, que elegiría al francés Albert Thomas como director general y constituiría un consejo de administración en el que entre otros estaba el histórico líder socialista español Francisco Largo Caballero.

Junto a la guerra mundial, fue un punto central de la creación la Revolución Rusa de 1917, "tras la que empleadores, gobiernos y dueños del capital vieron que el movimiento revolucionario era posible y se hizo más urgente hacer algo para buscar otras soluciones", destacó hoy a Efe la subdirectora general de la OIT para Políticas, Deborah Greenfield.

La OIT estableció su sede en Ginebra, junto a la Sociedad de Naciones también nacida en entreguerras, pero a diferencia de ésta sobrevivió la Segunda Guerra Mundial y se reubicó en el nuevo orden internacional nacido tras 1945 con las Naciones Unidas, por lo que es uno de los organismos transnacionales más veteranos.

"Se planeó cuidadosamente trasladar durante esa guerra la OIT a Montreal (Canadá), lo que permitió a la organización desarrollar una relación más fuerte con Estados Unidos", país que no entró en la Sociedad de Naciones pero sí lo haría en la ONU, explicó Greenfield.

Enfocada en objetivos como la mejora de las condiciones de trabajo, el refuerzo de la negociación colectiva o la eliminación de la explotación infantil, la OIT atravesó periodos complicados durante la Guerra Fría, como cuando EEUU abandonó la organización en 1977, aunque se reincorporó tres años después.

Un siglo después de su nacimiento, el organismo sigue afrontando fuertes desafíos a consecuencia de la recesión de 2008 y la globalización, unidos a los profundos cambios que prometen traer la inteligencia artificial y la robotización, lo que ha dibujado un panorama sombrío para los trabajadores de todo el planeta.

"Muchos problemas que afrontábamos en 1919 siguen allí y quizá el de la desigualdad es el más apremiante", destaca la "número dos" de la OIT, cuya organización pide cambios en el contrato social global para afrontar los nuevos retos que trae el siglo XXI.

"Estamos ante un mundo en el que los trabajadores estarán toda su vida en transición, en el que tendrán que formarse una y otra vez, y necesitamos una mayor protección social para darles esa posibilidad y los fondos necesarios para que lo hagan", analizó.

Las predicciones de algunos expertos vaticinan que hasta dos tercios de los puestos de trabajo en el mundo actual podrían quedar parcial o totalmente automatizados en pocas décadas a medida que progresa el desarrollo de los robots y las máquinas inteligentes, aunque la OIT señala que también llegarán otras fuentes de empleo.

Así, la eliminación de industrias más contaminantes en el curso de la lucha contra el cambio climático puede generar unos 25 millones de empleos en el mundo, que compensarían con creces los seis millones que podrían perderse en esta transición.

Otra fuente de nuevos puestos de trabajo podría darse en el sector de la asistencia social, ya que en un mundo desarrollado marcado por el envejecimiento de la pirámide de población se considera que harían falta 475 millones más de trabajadores encargados de cuidar a las personas mayores.

Este jueves la OIT marca su centenario con 24 horas de conferencias y espectáculos en 24 países del mundo, comenzando por las islas Fiji y siguiendo con conmemoraciones en lugares como Pekín, Nueva Delhi, Moscú, El Cairo, Ginebra, Buenos Aires, Ciudad de México o Lima, entre otros.

EFE

 

 

 

 

 

 

Los jornaleros, las mayores víctimas del trabajo esclavo en México

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“Llevan a los trabajadores con engaños, les dicen que les pagarán bien y les pagan mucho menos. Los enganchadores (reclutadores) y los empleadores los engañan”, denunció Marilyn Gómez, una jornalera agrícola de México.

La también integrante de la cooperativa no gubernamental Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerró Nublado, madre de dos niñas, relató a IPS que además los recolectores están obligados a comprar en las tiendas de sus empleadores, “porque no pueden salir” de la finca y “en ellas todo lo venden carísimo”.

“No hay seguridad social, no hay contratos, trabajamos jornadas larguísimas. Se aprovechan de la necesidad de la gente”, dijo Gómez, que ahora tiene 27 años y a los 13 ya acompañaba a su familia a los campos del norteño estado de Sonora a recolectar uva y hortalizas.

La jornalera, quien ha trabajado enferma y muchas veces más de 12 horas consecutivas por unos pocos dólares, empezó a laborar en los cultivos un año después y sus manos han exprimido esas siembras en el poblado de Miguel Alemán, parte del municipio de Hermosillo, a unos 1.600 kilómetros al norte de Ciudad de México.

Este testimonio ilustra las condiciones en las que laboran los jornaleros, quienes proveen de cuantiosos réditos a sus empleadores y quienes ponen hortalizas en la mesa de los consumidores mexicanos y estadounidenses.

Suelen ser campesinos que migran temporalmente o permanentemente desde los estados del sur para trabajar en cultivos de exportación en entidades del centro y el norte del país.

Su viacrucis diario incluye violaciones a derechos laborales, a la vivienda, a educación, a salud y a alimentación sana, y carecen de contratos, condiciones adecuadas de trabajo, seguridad social y pago de horas extraordinarias.

Así constata el informe “Violación de derechos de las y los jornaleros agrícolas en México”, lanzado el 21 de marzo en Ciudad de México por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, en la que participa Gómez como activista.

En México, los jornaleros son las víctimas mayoritarias del trabajo esclavo o forzado, coinciden este y otros estudios locales e internacionales. La Red Nacional, integrada por organizaciones de trabajadores, indígenas y académicos, ha identificado casos de explotación laboral, trata de personas y trabajo y/o servicios forzados.

La última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de 2017, ubicó en 2,9 millones los jornaleros, mientras que el estatal Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas  ubicó esa cifra en 1,54 millones, más 4,41 millones de familiares que los siguen en su desplazamiento. El gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, en la presidencia desde el 1 de diciembre, suprimió el plan y no ha definido aún como se sustituirá.

Contexto regional

En el continente americano existen 1,95 millones de esclavos, cinco por ciento del total mundial, según el Índice Global de Esclavitud 2018, elaborado por la no gubernamental Fundación Walk Free, con su sede en Australia.

El trabajo forzado representa 66 por ciento y las personas, especialmente mujeres, en matrimonio impuesto, 34 por ciento. La región tiene, en promedio, una prevalencia de 1,9 personas bajo esclavitud moderna por cada 1.000 habitantes. La vulnerabilidad ante ese yugo se ubicó en 41 por ciento.

Las deudas encadenaban a un tercio de trabajadores forzados, mientras que la región de América Latina y el Caribe representó cuatro por ciento de todas las personas bajo explotación laboral en el mundo.

Mientras Haití, Venezuela y República Dominicana presentaron la mayor prevalencia, Brasil, México y Colombia registraron los mayores niveles absolutos de personas en situación de esclavitud.

En la mayor potencia latinoamericana, Brasil,  con una población de 208 millones, de  369.00 personas padecían esa condición, lo que representa 1,8 por 1.000 habitantes.

En México, la segunda economía regional y con 129 millones de habitantes, quienes sobrevivían en condición esclava eran 341.000, o  2,71 por 1.000 personas, mientras que en Colombia, la cuarta economía regional y con 45 millones de habitantes, la cifra alcanzaba los 131.000, o 2,7 por cada 1.000.

La esclavitud moderna abarca modalidades como la trata de personas, trabajo forzado, servidumbre por deudas, matrimonio impuesto o servil, y explotación sexual comercial, según la Fundación Walk Free.

Para Mayela Blanco, investigadora del no gubernamental Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, predominan entre los jornaleros mexicanos condiciones de vulnerabilidad para caer en trata con fines de explotación laboral.

“Hay una cadena de reclutamiento en la que los enganchadores les ofrecen trabajo, un adelanto de dinero para que la gente entre en una relación más estrecha, pero no hay contrato. En algunos lugares, no les pagan hasta el fin del periodo de trabajo”, señaló a IPS la integrante de la organización mexicana.

Los estudios sobre este flagelo en el campo mexicano crecen, sin que haya mejoras para los jornaleros.

La “Lista de bienes producidos con trabajo infantil o forzado 2018”, elaborada por el estadounidense Departamento del Trabajo, consigna reportes sobre personal “forzado a trabajar en la producción de ají en México”.

“Muchas de las víctimas denuncian el reclutamiento por intermediarios que mienten a los trabajadores sobre el tipo y condiciones del trabajo, salarios, horarios y condiciones de vida”, subraya el documento.

Estos casos ocurren en pequeñas y medianas explotaciones de ají y tomate en estados del norte como Baja California, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, el occidental Jalisco y el nororiental San Luís Potosí.

El informe denuncia que “algunos trabajadores laboran hasta 15 horas diarias bajo amenaza de despido y reciben sueldos por debajo del mínimo o ningún pago.

Mientras, añade, otros enfrentan un endeudamiento creciente con tiendas de las empresas que a menudo inflan los precios de sus productos, “obligando a los empleados a comprar a crédito y así limitan su capacidad para abandonar las granjas”.

Se trata de la repetición de las llamadas “tiendas de raya” que funcionaron en México a finales del siglo XIX e inicios del XX, ubicadas junto a fábricas y haciendas y donde los trabajadores estaban obligados a comprar sus productos básicos.

En la lista estadounidense aparecen también productores de ganado y maní de Bolivia, de textiles y madera de Brasil, y de nueces y madera de Perú.

Washington veta el ingreso de esos bienes si implican trabajo forzado, bajo la Ley de Facilitación del Comercio y de Aplicación del Comercio, vigente desde 2016 y basada en una vieja la Ley de Tarifas, de 1930.

Desde 2015, la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido al menos seis recomendaciones por violaciones a derechos de los jornaleros, en lo que son propuestas sin obligatorio acatamiento.

En una de ellas, emitida en 2018 por violación de varios derechos humanos por trata de personas, como trabajo infantil en la modalidad de trabajo forzado, la Comisión mexicana puso en evidencia los abusos en contra de al menos 62 jornaleros pertenecientes al  pueblo mixteco, entre ellos 13 adolescentes.

El grupo indígena, originario del central estado de Guerrero, recogía pepino en el municipio de Colima, en el occidental estado homónimo.

El 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el que promueve el trabajo decente, establece entre sus metas la ejecución de medidas “inmediatas y eficaces” para erradicar el trabajo forzoso, desterrar las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

A pesar de algunos avances y los compromisos internacionales asumidos, América Latina y el Caribe es tibia en la lucha contra el flagelo.

El Índice Global de Esclavitud calificó a la región con “regular” e indicó que Argentina, Chile y Perú mejoraron su estatus en comparación con 2016, mientras Brasil, México y los países centroamericanos se mantuvieron igual.

Para la investigadora Blanco, se ha normalizado la situación de los jornaleros y no se asumen como víctimas. “Corren el riesgo de quedarse sin trabajo. No hemos visto una respuesta de las autoridades”, señaló.

Gómez, quien todavía sigue trabajando como recolectora pero ahora en condiciones dignas, pidió la intervención del gobierno. “Las instituciones no hacen lo que les compete, pedimos que actúen y velen por nuestros derechos”, demandó.

La Red Nacional planteó recomendaciones como un padrón de empleadores, la vigilancia de las condiciones laborales, un programa integral de atención y un censo de jornaleros.

Emilio Godoyipsnoticias.net

 

Argentina: Todas las cartas sobre la mesa para acabar con el trabajo infantil

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BUENOS AIRES.- Tres de cada diez menores realiza alguna actividad productiva en Argentina. Un dato frente al que los expertos sostienen que el país está ante un contexto favorable para erradicar y prevenir el trabajo infantil, con políticas públicas definidas y la presión de sus compromisos internacionales.

"Están todas las cartas sobre la mesa en Argentina. Hace muchos años que estoy en esto y nunca vi un escenario con tantas oportunidades", aseguró a Efe Gustavo Ponce, responsable del área de prevención y erradicación del trabajo infantil dentro del capítulo local de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Entre los motivos, la existencia de datos oficiales que enmarcan el problema y un horizonte internacional con "propuestas concretas" en esta material que obligará a todos los países a "rendir cuentas de sus políticas".

Una "instancia superadora" de los objetivos de desarrollo del milenio impulsados por la ONU, que generaron el movimiento contra la pobreza más exitoso de la historia.

Ponce señala que, aunque la situación de América Latina "sea más favorable" que la de otras regiones del mundo, todavía hay muchos desafíos por delante, ya que el trabajo infantil está "muy naturalizado" en el país suramericano, siendo incluso motivo de orgullo en ciertas comunidades.

No trabajan encadenados, no son víctimas de mafias, son -generalmente- menores de zonas rurales y pertenecientes a los quintiles de ingresos bajos.

"No estamos hablando de niños con cadenas, estamos hablando de niños que se levantan a las cinco de la mañana para darle de comer a los animales y después caminan una hora hasta la escuela o se tienen que quedar a cuidar de sus hermanos menores porque los papás no tienen donde dejarlos cuando se van a trabajar", remarca Ponce.

En total, más de 760.000 niños son víctimas del trabajo infantil en Argentina, según los últimos datos oficiales (2017).

La situación se agrava en jóvenes de 16 y 17 años, donde la ley argentina permite trabajar siempre que su empleo no compita con la escolaridad ni afecte al desarrollo del menor.

El "desconocimiento" o "vacíos legales" de esa norma hace que muchos adolescentes terminen incorporándose de manera informal al mercado laboral y en condiciones muy precarias.

Para Ponce, el escenario local necesita un fortalecimiento de las capacidades provinciales y municipales, visibilizar y concienciar más sobre el terreno, con la implicación de Gobiernos, empleadores y familias para hacer un diagnóstico real y que, una vez más, las políticas y la legislación existente se cumplan.

En esa línea trabajan desde el proyecto "Offside: ¡marcando la cancha!", una cooperación técnica entre diferentes actores clave del sector (gobiernos, agencias de desarrollo, ONGs), financiada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y que, durante los próximos cuatro años, buscará erradicar el trabajo infantil en el sector agropecuario argentino.

La iniciativa tiene como objetivo tres provincias del país austral (Buenos Aires, Mendoza (oeste) y Santa Fe (centro)) y tres sectores productivos (ajo, tomate y algodón) que integran la "lista negra" estadounidense del trabajo infantil.

"La idea es identificar qué es lo que está sucediendo actualmente en el territorio y en estas distintas cadenas de valor, así como el impacto que puede tener en términos comerciales", dijo a Efe la directora del proyecto en argentina, María Eugenia Figueroa.

Sobre el terreno trabaja desde hace 36 años la asociación Conciencia. Su programa "Porvenir" se enfoca en las norteñas provincias de Salta, Jujuy y Misiones, dedicadas mayoritariamente al cultivo de yerba mate y tabaco, históricamente señalados por utilizar mano de obra infantil y cuya cosecha coincide además con el receso escolar.

"Entendimos que nuestro principal aliado eran las escuelas y que garantizando su apertura íbamos a asegurar que los chicos, en una franja horaria, estuvieran contenidos", dijo a Efe Anabella Serignese, directora de programas de Conciencia.

Un espacio donde profundizan, desde diferentes estrategias pedagógicas, en el acceso a sus derechos, realizan actividades recreativas o talleres de orientación para su proyecto de vida, como las clases de robótica para adolescentes que incorporaron este año.

Por el programa pasaron ya más de 15.000 chicos y sus logros demuestran, para Serignese, que las medidas coercitivas nunca son las más efectivas para un problema pluridimensional.

EFE

 

Empleadas del hogar en México crean una comunidad virtual para recibir apoyo

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MÉXICO.- Organizaciones civiles presentaron este martes la iniciativa "Mi Trabajo Cuenta", que busca crear una comunidad virtual que escuche y dé voz a 2,4 millones de trabajadoras del hogar en México a través de Facebook.

El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) y el movimiento Nosotrxs creó este espacio inspiradas en la figura de Cleo, la trabajadora del hogar protagonista de la oscarizada película "Roma".

En una página de Facebook, las empleadas domésticas que lo deseen pueden compartir sus vivencias para que otras trabajadoras y también el resto de personas que estén interesadas puedan leerlas.

Por otra parte, en esta plataforma también pueden denunciar abusos o cualquier otra situación de precariedad por la que estén pasando o hayan pasado.

"Permite a las trabajadoras visibilizar sus experiencias, reivindicar el valor de su trabajo y saber que cuentan con una red de apoyo más amplia en todo el país", explicaron las organizaciones en un comunicado.

Los organizadores defendieron que, para que las empleadas del hogar, quienes representan el tercer empleo más común en México, puedan conseguir "mejores condiciones laborales y el reconocimiento pleno de sus derechos", son necesarias acciones que las visibilicen y las unan.

Nosotrx y el CACEH también reclamaron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se lleven a cabo cuanto antes las modificaciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, pues dijo que esta normativa todavía "contiene cláusulas discriminatorias".

El pasado 5 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México estableció que es "discriminatorio" e "inconstitucional" que las empleadas domésticas sean excluidas del Seguro Social, dado que actualmente los patrones no están obligados a inscribirlas.

También solicitaron la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconocería plenamente los derechos de las trabajadoras del hogar en México.

"Como Cleo, en cada casa mexicana hay una historia que contar. Estamos invitando a las trabajadoras del hogar de todos los Estados a que cuenten su historia y a que juntas luchemos por el reconocimiento de nuestros derechos", explicó Marcelina Bautista, fundadora de CACEH.

EFE

 


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